El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante una comparecencia en las Cortes.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante una comparecencia en las Cortes. Miriam Chacón ICAL

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El Consejo de Cuentas aprobó 30 informes en 2022 y suma 95 en el actual mandato, un 35% de la serie histórica

El presidente, Mario Amilivia, ha comparecido ocho veces en las Cortes para presentar 36 informes, un nuevo hito en la actividad del órgano de control externo

5 enero, 2023 12:19

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El Consejo de Cuentas ha aprobado en 2022 un total de 30 informes, una cifra que supone el segundo mejor dato anual de la serie histórica de la institución, tras el récord alcanzado en 2021 con 32 fiscalizaciones. En el presente mandato se han llevado a cabo un total de 95 informes, lo cual representa el 35% del total de 268 acumulados en los 20 años de existencia del Consejo.

El presidente de la institución, Mario Amilivia, ha comparecido en ocho ocasiones ante las Cortes para presentar 36 fiscalizaciones, un número que representa otro hito en su actividad. Por otro lado, en este momento se cuenta con 21 informes aprobados que están pendientes de que la Comisión de Economía y Hacienda convoque de nuevo comparecencias, después del paréntesis por la tramitación de los presupuestos.

Seguimiento de las recomendaciones

En lo relativo al seguimiento de las recomendaciones del Consejo, el reciente análisis que se refiere a los informes de 2021 refleja un grado de aceptación de las entidades que han sido fiscalizadas del 75%, un porcentaje que comprende aquellas que se han cumplido tanto total como parcialmente, y también las que han sido tomadas en consideración. Se trata de la segunda mejor ratio que ha alcanzado el órgano de control externo tras el 81% que obtuvo en el año 2020.

Durante 2022, el Consejo de Cuentas ha celebrado su vigésimo aniversario organizando diferentes actividades para seguir divulgando su actividad de cara al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. En aquella conmemoración, Mario Amilivia insistió en la necesidad de reformar la Ley reguladora del Consejo para que pueda aprobar su propio plan de fiscalizaciones sin la dependencia de la decisión última de las Cortes.