La supresión del Serla, la nueva batalla que tensa la cuerda del Gobierno de PP y Vox: ¿despilfarro u obligatoriedad?

Se avecina nueva tormenta en el Gobierno de coalición. Si todavía colea la polémica sobre el protocolo fantasma para las mujeres embarazadas, es ahora el conflicto por la posible eliminación del SERLA el que crea tensión en Castilla y León. Y es que la Consejería de Industria, Empleo y Comercio lo tiene muy claro. Mientras que los agentes sociales presionan para que el presidente Alfonso Fernández Mañueco medie en el asunto y le exigen que se ponga de cara ante la posibilidad de la ruptura del Diálogo Social.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), anunció hace unas semanas el inicio de los trámites para su disolución. Y parece que no hay marcha atrás. Sin embargo, instituciones de la Comunidad como el Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común y, por supuesto, los sindicatos y la patronal piden la continuidad del servicio buscando otras formas de financiación. “Si sindicatos y patronal quieren seguir con el Serla, que lo financien ellos”, así de rotundo se ha mostrado el consejero. Y tiene claro que en este asunto no tiene que mediar nadie, tampoco Mañueco. “Igual que yo no desarrollo otras competencias cada uno debe dedicarse a las suyas”, ha afirmado.

Los sindicatos quieren hacer otra batalla nacional contra esta medida que indican que es “ideológica” de Vox ya que no tiene “precedentes a nivel nacional, con premeditación, mala fe y siendo una medida ilegal”. Por ese motivo ya anuncian que, como ha ocurrido con el asunto del aborto, el Gobierno central pudiera tomar cartas en el asunto. “Es una ley estatal que ejecuta la Comunidad autónoma, volverá a pasar lo mismo que con el aborto, ya que el Ministerio es la única institución que pueda decirles: es mi ley estatal, es mi normativa y me tienes que decir por qué no financias, siendo el único de España que no lo hace”, afirman desde UGT.

En una carta enviada al Ministerio han explicado que la Consejería de Empleo no reconoce la legalidad vigente y la legitimidad de la representación sindical (y patronal), porque se han eliminado de los presupuestos de 2023 la subvención nominativa.

El SERLA, Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, se creó en 1997 en Castilla y León para hacer de agente de conciliación, mediación y arbitraje entre empresas y trabajadores en los conflictos laborales. Una opción de acuerdo antes de tener que llegar a juicio. Este servicio se sustenta gracias al aporte económico de la Junta de Castilla y León, dinero público, que es entregado a sindicatos y patronal para ejercer los trámites.

En 2022 se atendieron 4.600 conflictos, la mayoría de ellos fueron individuales (4.200) mientras que el resto fueron de convenios colectivos de toda la Comunidad, de esas 4.200 solicitudes, 1.273 se resolvieron con avenencia, así se evitó llegar a los juzgados. Sin embargo, con la llegada de Vox al Gobierno de la Junta de Castilla y León, el SERLA, formado por un presidente y seis empleados, siempre ha estado en el punto de mira.

Tras reunirse, los miembros del Patronato de la Fundación Serla (UGT, CCOO, Junta y CEOE), nadie presentó un sistema de financiación que fuera la alternativa y para que siga en activo, algo que ya planteó Veganzones. Así, el Consejo Económico y Social (CES) entre en escena ahora y recomienda y propone al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que continúe el “normal funcionamiento, con financiación pública suficiente de la Junta” y pide que la financiación de este servicio público podría llevarse a cabo de otra manera, ya sea desde otra consejería, otra entidad u otro organismo del sector público autonómico”. El CESCYL ha valorado “muy favorablemente” los resultados del SERLA en sus veinticinco años de funcionamiento y la “dedicación y profesionalidad” de las personas que vienen desempeñando la conciliación-mediación y el arbitraje.

El Procurador del Común de Castilla y León también valoró el pasado mes de octubre la figura del SERLA e incluso pedía una mayor financiación “debido a su ámbito competencial y su reducida plantilla”. Para el CES, el coste real de la entidad es de menos de setecientos mil euros anuales, mientras que los gastos que se han ahorrado las empresas y los trabajadores son muy superiores. Por el contrario, la Consejería anuncia otros datos. Según sus cuentas, siete millones de euros en diez años, un millón durante el último ejercicio, y con pérdidas acumuladas de 76.000 euros,

La solución de la Consejería

La solución de la Consejería es que sean las Oficinas Territoriales de Trabajo de la Junta asuman esta labor en todas de las provincias de la Comunidad. En la opinión del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, es algo que se lleva haciendo “desde toda la vida”. Además, ha señalado que no supondrá una mayor carga de trabajo, ya que se trata de “técnicos profesionalizados”.

Veganzones ofrece la solución de ofrecer mayores garantías a través de los Servicios de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Dirección General de Trabajo. Y para ello lo ha comparado con los datos del SERLA. A las 4.200 solicitudes de intermediación, según Veganzones, ha dejado sin atender 1.500, mientras el SMAC se hizo cargo de más de 13.000, lo que revela que “tiene una capacidad muy por encima y es un servicio público totalmente gratuito”. El consejero ha dejado un mensaje rotundo al afirmar que el Serla es privado y se puso en marcha por sindicatos y patronal, “con una fundación para su financiación y el SMAC es más profesionalizado”. Más datos del consejero. Los SMAC tiene un 52% de efectividad en sus mediaciones, frente al 42 % del Serla.

Hasta la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intervenido en este asunto mandando una carta de la Junta pidiendo explicaciones sobre la supresión del Serla, algo que Veganzones ha negado: “No me ha llegado nada”.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha intentado ponerse en contacto con el presidente de la entidad, Julio Cordero, quien ha rechazado gentilmente la opción de hablar. No obstante, fuentes consultadas por el periódico se muestran “optimistas” en poder llegar a un acuerdo para su continuidad. Cordero estuvo presente en un foro organizado por este medio en el CES donde ensalzó la figura del SERLA como una “fundación pública sustentada por fondos públicos, con organizaciones sindicales y empresariales presentes es un producto del CES, no directo, sino derivado del clima que generó el Consejo Económico y Social”.

En su opinión sirve para afrontar conflictos que no se podían judicializar” como cuando “se discute la negociación de un convenio colectivo” y buscan ese consenso entre empresarios y fuerzas sindicales para evitar llegar a una huelga, con el daño que hace.

Sindicatos

Por su parte, los sindicatos, UGT y CCOO, rechazan por completo esta situación y aseguran que se está “desmontado una pieza fundamental” del modelo de relaciones laborales, clave para evitar la conflictividad laboral y evitar acudir a la Justica. “La legislación exige la obligatoriedad, previa a la vía jurisdiccional, de la conciliación o mediación previa", según han recordado ambos sindicatos.  "La jugada del Serla, es decir, la intención política de liquidar este organismo, es un 'sorpasso' de Vox a los sindicatos en nuestra labor de mediación laboral", denuncia Raúl Santa Eufemia, secretario autonómico de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT en Castilla y León. CCOO y UGT valoran que el Consejo Económico y Social haya sido “tan tajante” al solicitar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que mantenga el servicio.

Por último, la oposición, como ya hiciera con el protocolo para mujeres embarazadas anunciado por el vicepresidente Juan García-Gallardo, usa la supresión del SERLA como arma arrojadiza. Así, el procurador en las Cortes, Pablo Fernández, ha anunciado que Unidas Podemos presentará en las Cortes una proposición no de ley para que desde el parlamento se inste a la Junta a mantener el SERLA ya que se trata de un “nuevo recorte de derechos" por parte de PP y Vox en Castilla y León.