La ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto en 2010 por el Partido Popular contra la Ley del Aborto de ese mismo año ha abierto una ventana de oportunidad para Vox en Castilla y León. El magistrado Enrique Arnaldo ha planteado anular solo un artículo de la Ley de José Luis Rodríguez Zapatero, el 17.5, porque la mujer "no puede ser privada de su derecho a recibir información".

Es precisamente en ese "derecho a la información" en el que se basaba el protocolo antiaborto presentado en rueda de prensa por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que contemplaba la obligatoriedad de que los médicos ofreciesen a las mujeres embarazadas la realización de ecografías 4D, escuchar el latido fetal y acompañamiento psicológico. Un protocolo que, después de semanas de contradicciones entre los responsables de PP y Vox en el Gobierno autonómico, quedó en papel mojado y no llegó a entrar en vigor.

El magistrado Arnaldo asegura que la Ley no garantiza que la mujer esté "debidamente informada antes de adoptar su decisión" lo cual considera "constitucionalmente relevante" tanto para ella como para la protección del niño no nacido. Para el ponente, la información previa al consentimiento de la embarazada antes de abortar "debe facilitarse verbalmente", como está establecido en la Ley de autonomía del paciente, de cara a "asegurar" que la mujer se encuentra "debidamente informada antes de adoptar su decisión".

Una visión que va en consonancia con la necesidad, planteada por Vox en Castilla y León, de "ampliar la información" para las embarazadas. "El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos", aseguraba García-Gallardo en su cuenta de Twitter poco después de desatarse la polémica. Una ventana de oportunidad que podría aprovechar Vox para retomar sus intenciones antiabortistas después de varias semanas de polémica.