Llenar el depósito de un automóvil sigue siendo un suplicio. Su incremento en el último año ha provocado quebraderos de cabeza entre todos los castellanos y leoneses, y también entre los empleados públicos que tienen que usar su coche para trasladarse.
Hasta el día de hoy, la Junta de Castilla y León pagaba 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles y en 0,078 euros por el de motocicleta, una cantidad que data de hace casi 20 años. Ahora van a poder respirar un poco más ya que la Consejería de la Presidencia teniendo en cuenta las “actuales circunstancias económicas de subida de los carburantes”, ha propuesto la modificación de los importes referentes a la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso de vehículo particular en comisión de servicio.
Así, la propuesta manifestada por la propia Consejería, a través de la Dirección General de la Función Pública, en la Mesa General de Negociación mantenida con los sindicatos (CSIF, UGT, CC.OO. y TISCYL), supone que el importe por kilómetro recorrido al utilizar el vehículo particular en comisiones de servicio, en territorio nacional, pasa de 0,19 euros a 0,23 euros para automóvil, es decir un incremento del 21,05% con respecto a los actuales 0,19 euros, y de 0,094 euros para motocicleta, al aplicar el mismo porcentaje de incremento que para el automóvil y que anteriormente era de 0,078 euros.
Este incremento ha sido aprobado en el día de hoy en el Consejo de la Función Pública, para su posterior aprobación por Acuerdo de la Junta de Castilla y León en el próximo Consejo de Gobierno. Con la actualización de este importe, por el uso del vehículo particular en comisiones de servicio, “se da respuesta al compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León al principio de esta legislatura y a la demanda de los empleados públicos autonómicos. La propuesta ofertada supone una mejora sustancial en las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León”.
Una cantidad que ya ha sido criticada por el CSIF. El sindicato ha incidido en que cualquier actualización del kilometraje que esté por debajo de los 0,31 euros por kilómetro, "origina un enriquecimiento injusto por parte de la Administración autonómica, y que la pérdida del poder adquisitivo del empleado público continúe" y lo ha calificado de "saqueo".
SATSE calcula que, para un vehículo de consumo medio-bajo, el incremento en el precio del carburante en los últimos 16 años ha sido de 6 céntimos por kilómetro recorrido, por lo que el Sindicato de Enfermería considera que una indemnización apropiada partiría de un aumento de 8 céntimos por kilómetro, para pasar de los 19 céntimos actuales a un mínimo de 27, dado que este incremento de indemnización está sujeto a retención de IRPF.
Además, todas las Administraciones, así como las empresas, recuerda la Junta, están pendientes de la modificación de la normativa sobre el IRPF puesto que todo kilómetro que se abone por encima de los 0,19 euros, la empleadora tiene que hacer la oportuna retención por el citado impuesto.