El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa la reforma de las pensiones. Un caballo de batalla que cada cierto tiempo renace y que nadie se atreve a ponerle soluciones. Ahora, la cartera de Seguridad Social se ha decantado por la vía del real decreto para sacarla adelante, algo que no gusta a la Junta de Castilla y León que, a través de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco ha solicitado que este tipo de cambios se realizan con “consenso”.

Para la consejera, “se hace obligatorio un gran pacto de Estado sobre las pensiones, no se puede ir poniendo parches cuando vienen las elecciones”, ya que en su opinión, esta decisión del Gobierno se debe al “rédito electoral”. Ante esto, Blanco cree que es necesario “sentarse y hablar, como se hizo con el gran pacto de Estado de Toledo”. “Es un tema complejo y que hay que estudiar detalladamente y no se puede ir poniendo parches”, ha insistido la consejera durante la jornada inaugural del VI Congreso Nacional de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES) celebrado hoy en Valladolid.

Precisamente, la presidenta de CONJUPES y de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Valladolid, Adela Cabezas, asegura que la reforma es un tema complejo”, en su opinión habrá que consultar a los pensionistas para saber su valoración. En su opinión, el problema de los jubilados no es tanto lo económico “sino la accesibilidad a los servicios”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende cambios importantes en esta reforma, por ejemplo en el periodo de cómputo de la pensión. Así para que se calcule con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización. También se incluye la propuesta del Gobierno de una "cuota de solidaridad" para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. El texto del Gobierno plantea también una mejora de las pensiones mínimas, entre otras cosas.