Castilla y León recibirá 15,4 millones del Gobierno para impulsar políticas de igualdad

Castilla y León recibirá 15,4 millones del Gobierno de España para impulsar políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 10,2 millones de euros para luchar contra la violencia de género este años. Así se ha recogido este lunes en la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, publicado también en el BOE.

El objetivo de ese importe para políticas de igualdad es el de apoyar de forma específica las necesidades de conciliación de las familias con niños y jóvenes que cuenten con hasta 16 años de edad, además de otros ejes de actuación que se encuentren relacionados con la creación de empleo, además de con la dignificación y con el reconocimiento de la experiencia profesional de cuidados, con la sensibilización en materia de corresponsabilidad y con la articulación de bases informativas de los recursos disponibles en este campo.

El importe deberá ir destinado a proyectos para el desarrollo de actuaciones para facilitar la conciliación de las familias por medio de la creación de bolsas de cuidado profesional, de la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados, de la elaboración de planes de formación en corresponsabilidad y de cuidados destinados a los hombres. Estas actuaciones deberán ir destinadas, además, con carácter prioritario para la atención de familias monoparentales, de víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, de mujeres en situación de desempleo de larga duración, de mujeres mayores de 45 años o de unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.

10,2 millones contra la violencia de género

Castilla y León contará, además, con 10,2 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género en 2023. Una partida que va dirigida a apoyar los programas preventivos y también asistenciales que los gobiernos autonómicos impulsen en este sentido, además de cualquier otro que, tenga como principal finalidad la de garantizar la prevención, la protección y la atención frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.