El tijeretazo de la Junta de Castilla y León al Serla: solo 400.000 euros, un 60% menos

Finalmente la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (Vox) aportará una financiación de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) para el ejercicio de 2023. Esto supone un recorte del 60% respecto a la cantidad anterior. “Lo hacemos en base a un criterio de austeridad que ya anunciamos y que ha exigido realizar algún ahorro”, ha afirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

“La Junta cumple así con lo prometido y seguir financiando este sistema, aunque con mayor austeridad”, ha insistido el portavoz. Una cantidad que al principio se dijo que se iba a eliminar por parte del consejero de Industria, Mariano Veganzones, pero que finalmente se ha quedado en un tijeretazo del 60%. Esta noticia se confirma en un día que se ha conocido que UGT tendrá que despedir a un tercio de su plantilla en la Comunidad por la falta de financiación por parte del gobierno autonómico, según denuncia el sindicato.

De este modo, a partir del 1 de julio, quedarán excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros, los arrendamientos, y los intereses deudores de las cuentas bancarias.

Asimismo, según la Junta, la justificación de los gastos estará limitada solo a los vinculados a la gestión de conflictos colectivos y a la intervención de un mediador o de un árbitro, según corresponda, en cada conflicto colectivo atendido.

Preguntado por si la Junta valora ampliar la subvención de 400.000 euros a lo largo del año, Fernández Carriedo respondió que la Junta ha hecho un esfuerzo “muy relevante” que ha supuesto un esfuerzo económico “considerable”. Por lo tanto, reclamó a la Fundación que, a partir de ahora, gestione con “eficiencia” estos recursos. “Si hay algún tipo de entidad que excede de los gastos inicialmente previstos se examinarán las circunstancias de lo que determinan pero será la propia Fundación que establezca las líneas de ahorro y de eficiencia del gasto”, reiteró.

"No tiene sustento jurídico ni legal y vulnera los derechos fundamentales"

Tras conocer esta decisión aprobada por el Consejo de Gobierno, el secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha manifestado que "el paso dado no tiene sustento jurídico ni legal" y que, además, este "supone una vulneración de los derechos fundamentales y una intromisión en el derecho a la negociación colectiva". 

Del mismo modo, ha recordado que en la reunión celebrada hace una semana por el Patronato, la propia Administración eliminó seis puntos del orden del día "por la falta de informes preceptivos de la consejería de Hacienda, pasando del patronado a la Junta de Gobierno y nuevamente al Patronato". 

Y es que, dado que a día de hoy no se dispone de ninguno de los citados documentos, para el secretario, "los 400.000 euros, además de ser insuficientes para el presupuesto de 2023 del Servicio de Mediación y Arbitraje de Castilla y León, puesto que en le mes de julio ya estaríamos sin fondos, no tienen base legal". 

En esta misma línea, Santa Eufemia también se ha pronunciado acerca de las condiciones que definen el ingreso aprobado esta misma mañana. Así, tratando de dar respuesta a las manifestaciones del consejero de Empleo, a través de las cuales ha afirmado que este ingreso no puede sustentar los conflictos individuales, ni sufragar el salario del director y el arrendamiento de la sede, el secretario ha explicado que desde UGTCyL "no se acepta como factible esta subvención de 400.000 euros por su falta de peso jurídico y legal ante la falta de los informes preceptivos que el Patronato de la Fundación debería haber tenido", y que por ello "vigilará el día a día del servicio, como siempre ha hecho, manteniéndose expectante para ver cuánto da de sí el fondo destinado al mismo", ha concluído.  

También se ha pronunciado al respecto el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, que ha responsabilizado a Mañueco como "máximo culpable de todo lo que está pasando" en la Comunidad. De la misma manera, ha denunciado que intentan "dar marcha atrás con un tema que no tiene marcha atrás". "Hay una sentencia del Tribuna Supremo y existe una legislación a nivel estatal que el Gobierno tiene que vigilar y están vigilando, que son los servicios de mediación y no se puede poner un parche con 400.000 euros cuando tiene que tener una financiación estable", ha recalcado.

De la misma manera, ha pedido al presidente de la Junta que "tome cartas en el asunto" y si no que "se vaya para su casa". "Yo ya no me conformo con pedir la dimisión del consejo de empleo y los de Vox. O solucionan el tema este y volvemos a la democracia en Castilla y León que en estos momentos por parte de ellos no existen o que se vayan a su casa con todas las consecuencias", ha insistido. Por último, ha denunciado que están "perjudicando a los ciudadanos, a los trabajadores y a las personas más necesitadas de Castilla y León".

Vicente Andrés: "No sé cómo Mañueco se deja liar por Veganzones"

Tampoco ha querido evitar pronunciarse el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, que se ha preguntado "cómo Mañueco se deja liar por Veganzones". "Confunden el deseo con la realidad. Omiten al Tribunal Supremo, a las normas y a las leyes estatales para hacer una aprobación de unos presupuestos que da dinero para el Serla en la parte que ellos quieren", ha denunciado.

Andrés les ha recordado que "esto no es una elección a la carta", sino que es una "obligación de servicio público" que la sentencia "deja claro" que es lo que patronal y sindicatos acuerden. "Lo que tienen que hacer es cumplir, esa condición que ponen no será aceptada, es ilegal, de nuevo volveremos a los tribunales a demandar porque hay un principio de prevaricación administrativa con lo qeu están haciendo de doy lo que quiero y a quien quiera", ha avanzado.

El sindicalista ha explicado que con los 400.000 euros da para financiar al Serla "tres o cuatro meses", por lo que es "insuficiente". "Lo que han hecho hoy es un enredo del consejero al presidente, de malas maneras y con mal gusto. Tenemos cuerda para seguir reivindicando", ha concluido.