“La administración electrónica es un camino sin retorno, es decir, la administración será electrónica o no será”. Así de claro lo tiene el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que ha intervenido en las Cortes de Castilla y León por quinta vez este año.

Ante la Comisión de Economía y Hacienda, ha presentado dos informes sobre el uso de las nuevas tecnologías de la sociedad digital aplicadas a las administraciones públicas y donde ha querido dejar claro que la administración electrónica es una oportunidad no exenta de riesgos que las administraciones deben conocer y superar. “Y ser conscientes de que hoy, esos riesgos, esas amenazas, deben ser neutralizados con carácter permanente”, ha afirmado.

Amilivia ha presentado el informe que analiza las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación online utilizada en los centros educativos de la Administración autonómica durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021, y la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, trabajo realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas.

Dos fiscalizaciones que, destacó, han servido para diagnosticar desde una visión constructiva propuestas de mejora que permitan superar las debilidades detectadas en el uso de tecnologías digitales e informáticas y que consolidan la posición del Consejo de Cuentas entre los órganos autonómicos de control externo más avanzados en esta materia.

En esta línea, señaló que el informe sobre la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales, aprobado el 30 de diciembre de 2021, verifica cómo ejercen sus competencias las diputaciones en la prestación de servicios en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes y la aplicación de la normativa relacionada por parte de los ayuntamientos. Por otro lado, examina los programas presupuestarios destinados a la administración electrónica, analizando la transformación digital de los 7 ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes (Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en la de Salamanca; y Benavente, en Zamora).

El Consejo de Cuentas emitió 8 recomendaciones, 5 dirigidas a las diputaciones y el resto a los municipios. El informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2021, que incluye a todas ellas, refleja un elevado grado de aceptación por parte de las corporaciones provinciales y las entidades locales, bien corrigiendo carencias, aplicando parcialmente medidas o bien tomándolas en consideración.