Las reivindicaciones de funcionarios de Justicia continúan su curso y parecen no tener un final claro a la vista. Hasta el momento, estaban realizando paros parciales desde las 10:00 hasta las 13:00 horas y, tan sólo, eran un preámbulo de las jornadas completas de huelga general que tendrán lugar en días salteados y han comenzado este jueves, 4 de mayo.

La solución parece no llegar y con la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que definen “la ministra del rebujito”, no ha habido ningún tipo de avance. Lamentan que “haya preferido irse a la Feria de Abril, en Sevilla, antes que sentarse con los representantes de los cuerpos generales”. Un gesto que tildan de “descaro y desfachatez”.

Ante las últimas novedades y los pocos avances han decidido “recrudecer” las propuestas y salían a las céntricas calles vallisoletanas para que “se den cuenta de la importancia que tiene nuestra reivindicación”. Cuestionan que forman el 97% de la Administración de Justicia y merecen ser escuchados por su “dignidad profesional”.

Juanjo Banciella, el responsable autonómico del sector de Justicia de CSIF, asegura que la ministra de Justicia y la de Hacienda “prefieren estar en la Feria de Abril antes de sentarse en una mesa de diálogo con nosotros para reconocer las funciones del día a día”. Continúan con esa petición de paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) dado que, critican, que se la quieren “imponer con rodillo sin ningún tipo de negociación”. Asimismo, afirman que “va a afectar a las condiciones laborales y no va a mejorar la Administración de Justicia”.

Tienen claro que no van a parar con las movilizaciones hasta que haya un “diálogo sincero” que permita que la Administración de Justicia “mejore y entre de verdad en el siglo XXI”. Por otro lado, Banciella lamenta que la ministra es “de la casta” y que sólo se “preocupa” de unos estamentos y a los otros “les da la vuelta de forma intencionada”.  

El mensaje es común en los funcionarios de Justicia: “No puede ser que la ministra no se siente a negociar con los representantes y mientras no se siente, no van a parar las movilizaciones”. Para ello, piden a los representantes políticos tanto de Valladolid como de Castilla y León que “apoyen” a los trabajadores en estas reivindicaciones puesto que la “cerrazón” de ella genera una “parálisis en la justicia”. Y matiza que no pueden “tolerar” que los ciudadanos se vean “perjudicados” en este servicio esencial.

Sin embargo, ya están sufriendo los castellanos y leoneses las consecuencias de estas movilizaciones. A lo largo del día la paralización de los órganos judiciales es “total” y las cifras de vistas y actuaciones suspendidas son alarmantes. Los paros de funcionarios de Justicia han obligado a la suspensión de 6.300 juicios y declaraciones en la Comunidad; 1.400 de ellas en Valladolid. Por otro lado, también han afectado a 270.000 actuaciones judiciales en Castilla y León, 60.000 en la provincia de Valladolid.

Elisabeth Ortega, la delegada sindical de CCOO en Valladolid, ha criticado la orden de servicios mínimos que el Ministerio ha lanzado: “Es el colmo de la desfachatez. Se ha publicado ayer cuando quedaba cuarto de hora para que finalizase la jornada de trabajo. Los tribunales y juzgados están sumidos en el caso porque es inexplicable e incomprensible”.