La decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el próximo 23 de julio, en pleno verano y con Castilla y León de puente, no solo provoca un trastorno para los españoles que estén de vacaciones o para los que les toque ser mesa electoral, lejos de la anécdota, hay 60 leyes que estaban a punto de ver la luz en el Congreso y que ahora se paralizan.
Y es que todas las iniciativas que están en las Cortes Generales decaen cuanto se disuelven las cámaras. Es cierto que muchas se podrían retomar si retoman el mando la coalición de Gobierno (PSOE y Podemos) que ha estado en los últimos años, sin embargo, todo hace indicar que puede haber cambio de color en el Congreso, y las leyes se tendrían que volver a retomar, negociar y firmar. Mucho tiempo y pasos.
Así, el anuncio del adelanto de elecciones generales tendrá consecuencias en la tramitación de algunas leyes y Castilla y León se verá afectada por ello. Entre las 60 normas que quedan paralizadas están algunas que en su día fueron muy polémicas. Por ejemplo, la ley de familias que pretendía eliminar el término de familia numerosa. También la ley de atención al cliente que limita a tres minutos la espera telefónica; la de salud mental o el derecho al olvido oncológico o una de las más duras, la de las personas enfermas de ELA.
’Ley ELA’
Las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) llevaban ya 14 meses esperando a que se aprobara la conocida como ’Ley ELA’, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 8 de marzo de 2022. Después de muchos bloqueos, la esperanza de los enfermos se vuelve a desvanecer. La legislación tenía como objetivo garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa, pero de niuevo quedará en el cajón.
“Nos gustaría dejar constancia de la sensación de desamparo que tenemos, la ELA es una enfermedad grave donde el tiempo juega en contra y genera una gran impotencia”, explica la presidenta de la Federación de Asociaciones de esclerosis Múltiple en Castilla y León, Lorena López, que hace un año ya advertía de los problemas que padecen estos enfermos. Insiste en que la burocracia les deja de nuevo “desamparados” cuando ya lo habían decidido con el apoyo de todos los partidos “y ahora se frena y nos deja de nuevo en la casilla de salida”.
Lóprez recuerda que esta ley garantizaba una atención especializada durante 24 horas, “una delgada línea entre calidad de vida o desesperación”. Lamenta que una vez más se han quedado a las puertas. Ahora tendrán que comenzar de nuevo trámites parlamentarios y “eso es tiempo”, precisamente “lo que no tienen los enfermos de ELA”, concluye.
Ley de familias
La ley de familias fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado marzo. Una norma que sentó muy mal entre las familias numerosas ya que la ley de Belarra pretendía eliminar el término y equipar a todas en una sopa de letras incluyendo a todas en el apartado de “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», que aglutinaría otros supuestos como familias monoparentales con dos hijos, con miembros con discapacidad o encabezadas por una víctima de violencia de género. Algo que por ejemplo desde la Federación de Familias Numerosas de Castilla y León se ve con muy buenos ojos. “No es un alivio, es hacer justicia”, señala el presidente de la Federación de Familias Numerosas de Castilla y León y de la Asociación de Familias Numerosas de Burgos (AFAN), Alberto Sanvicens a este medio. Ahora espera que un cambio de Gobierno central permita que esta ley se mantenga en el cajón. “Estamos cansados de que siempre se ataque a la familia a la familia numerosa. Nuestros políticos no se dan cuenta que la familia es un valor fundamental para la sostenibilidad del país”, asegura.
Salud Mental
La ley de salud mental también se quedará en suspenso por la decisión de Sánchez. La normativa contemplaba unas ratios mínimas de profesionales formadas, al menos, por 8 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Asimismo, las mejoras para los pacientes de ELA tampoco serán tramitadas.
Derecho al olvido oncológico
Otra de las leyes que decae por culpa de Pedro Sánchez, y eso que fue uno de los grandes anuncios del presidente socialista durante campaña de las municipales, era garantizar el derecho al olvido oncológico. Es decir, terminar con la discriminación a los pacientes que habían superado un cáncer en un periodo de cinco años Por ejemplo suprimía las cláusulas a la hora de contratar hipotecas y seguros de vida, y la prohibición de exigir el historial médico a la hora de contratar cualquier servicio.
El Parlamento Europeo incluyó el derecho al olvido oncológico en una resolución de 2022, en la que marcaba como límite el año 2025 para que los países lo incorporen en su legislación. El objetivo era garantizar el derecho al olvido oncológico a todos los pacientes europeos diez años después del final del tratamiento y, a más tardar, cinco años después para los pacientes cuyo diagnóstico se hubiera realizado antes de los 18 años. Y la principal razón es que se considera una discriminación, ahora en España habrá que esperar. Algo que se lamenta, y mucho, desde los pacientes con esta enfermedad. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Artemio Domínguez, lamenta la situación porque “es una necesidad" ya que se está haciendo "una injustica con las personas enfermas de cáncer”, por lo que espera que "unos u otros lo lleven adelante". También incide en que hay que seguir trabajadno para minimizar el impacto que el cáncer tiene en las familias. y para que "no haya discriminación en los enferemos".
Artistas
El mundo de la farándula tampoco estará contento, ya que se anunció, después de muchos años de lucha, la reforma del Estatuto del Artista que incluía una prestación especial por desempleo para sus trabajadores y hacía compatible al 100% la pensión de jubilación con la actividad artística. Además, el proyecto de la ley de cine también se cae.
Decreto sequía
La sequía se convirtió en el tema estrella de la campaña hasta que emergió Bildu y la compra de votos. Por lo que se puso en marcha un decreto contra la sequía que fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo y el Congreso tiene pendiente convalidarlo hoy. Ahora queda en manos de la Diputación Permanente. Una medida exprés y criticada por la Junta de Castilla y León por no haber contado con la valoración de las comunidades.
Otras leyes que se volverán a la casilla de salida son el proyecto de ley de función pública, del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, la Ley del desperdicio alimentario, Ley de movilidad sostenible, también caen en saco roto la norma con medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, la Ley de Puertos o la de protección de trabajadores agrarios. Y así hasta 60 leyes que se han visto afectadas por este adelantamiento electoral que ha causado un gran perjuicio a muchos colectivos.