Un total de 813 mujeres está en riesgo de ser explotada con fines sexuales en Castilla y León, según se advierte en los informes realizados por la Guardia Civil y la Policía Nacional tras las inspecciones llevadas a cabo el pasado año en 135 locales de la Comunidad donde se ejerce la prostitución. A nivel nacional fueron identificadas 6.718 personas en esta situación.

Además, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado liberaron el pasado año en Castilla y León a 30 mujeres que estaba siendo obligadas a prostituirse y en nueve casos pudieron demostrar que las víctimas habían llegado a esa situación tras caer en las redes de una banda organizada de trata de personas. En total, en los últimos cinco años los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han logrado que 140 mujeres dejaran de ser sometidas a una de las formas de esclavitud más cruel del siglo XXI en la Comunidad, según la información a la que ha tenido acceso Ical.

A nivel nacional, los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) indican que fueron liberadas un total de 564 personas, 129 víctimas de trata y 435 por explotación sexual, entre las que figuran 25 hombres y 14 niñas.

El perfil mayoritario de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que acaban llegando a Castilla y León es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Paraguay, Brasil y Colombia, según confirman a Ical desde el grupo de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría de Valladolid, que también destaca que se trata de un delito que se ha estabilizado en los últimos años.

Una de las operaciones más importantes realizadas en Castilla y León el pasado año tuvo lugar en Valladolid, cuando la Policía Nacional logró liberar a 13 jóvenes paraguayas que eran obligadas a prostituirse en un antiguo hostal en condiciones infrahumanas. En la operación fueron detenidas cinco personas, tres mujeres y dos hombres.

Las víctimas, que eran captadas en Paraguay entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las familias de los propios proxenetas, eran obligadas a estar disponibles las 24 horas y dormían hacinadas en literas en el cuarto de calderas. Además, estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados en el hostal, no podían realizar ninguna actividad e incluso tenían prohibido cocinar.

En este sentido, desde la UCRIF apuntan que, aunque a veces las víctimas son engañadas, en otras ocasiones, a pesar de saber qué les espera, no son conscientes de las condiciones inhumanas que los proxenetas les imponen, así como la deuda que asumen y que, generalmente, se incrementa de forma exponencial por la compra de ropa o de móviles una vez que llegan a España.

Además, reconocen lo difícil que resulta lograr una declaración de las víctimas que sirva de acusación poder detener a los explotadores, dado que además de desconocer los derechos que las amparan, tienen “miedo” a la Policía al ser conscientes de que se encuentran en situación irregular. En este sentido, recuerdan que cuando una víctima de trata colabora con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con la Justicia puede llegar a regular su situación administrativa en España.

Por otra parte, también explican que aunque hace años el destino de estas víctimas eran los clubes de alternes de las carreteras, desde la pandemia, buena parte de la prostitución se ha trasladado a pisos particulares en el casco de las las ciudades.

Explotación laboral

Pero además de la explotación sexual, los cuerpos policiales también lograron liberar en la Comunidad a 52 personas que estaban siendo explotadas laboralmente, de las que dos habían caído en las redes de tratas. A nivel nacional fueron liberadas 605 personas. En este caso, el perfil mayoritario de las víctimas en Castilla y León es el de un hombre de origen marroquí, colombiano o rumano.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2022 intervinieron en dos casos de trata con fines de matrimonios forzados, con dos víctimas, una de ellas menor, de nacionalidades española y pakistaní.

También, se ha actuado en dos atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de nueve víctimas, de las que dos fueron en Castilla y León, originarias de Marruecos y Vietnam.

Plan estratégico

La trata de personas supone una de las actividades criminales más lucrativas, solo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas. Esta realidad creciente impulsó la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que se presentó en noviembre de 2021 ante el Consejo de Seguridad Nacional.

El plan potencia y articula medidas para mejorar la lucha contra este delito y facilitar la asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil.