La celebración del debate de política general o del estado de la Comunidad en plazo está en el aire por el contexto electoral de la cita del 23 de julio. La Junta sopesa si la fecha es la adecuada o se debe buscar otro momento. Los socios de PP y Vox comparten la posición del Ejecutivo porque tiene la iniciativa. No así la oposición, ya que desde el PSOE insisten en que no permitirán que se aplace y desde Ciudadanos critican la falta de control en una legislatura que tacha de “anómala e inútil”.

El Reglamento de las Cortes recogen que la celebración del debate de política general se celebrará en el segundo periodo ordinario de sesiones, cuya petición realiza la Junta a través de una comunicación. Las Cortes, con ese fin, reservan el último pleno del mes de junio, antes de entrar en el periodo de vacaciones parlamentarias.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se preguntó el pasado jueves, a preguntas de los periodistas, si la precampaña electoral aconseja mantener la fecha o buscar otras. “Hay que pensar en el momento más adecuado”, aseveró.

El argumento expuesto por Fernández Carriedo es compartido por los portavoces de los grupos Popular, Raúl de la Hoz, y de Vox, Carlos Menéndez, en declaraciones a Ical, aunque éste introduce el matiz de que los españoles conocen las políticas del Gobierno central y no está condicionado al 23 de julio.

De la Hoz ve que la proximidad electoral puede “enturbiar” el debate del estado de la Comunidad y entiende, por ello, que la Junta plantee “dudas” sobre la idoneidad para su celebración. El popular, como su homólogo de Vox, recuerdan que la iniciativa corresponde al Ejecutivo. “Lo que decida la Junta, bien decidido está”, anotó Menéndez.

En caso de que no se llegará a celebrar en plazo, el portavoz ‘popular’ avanza que habría un pleno ordinario y, en cuanto a que esté en el Reglamento, argumenta que, aunque es así, no se puede obligar a la Junta a su celebración. Al respecto, recuerda que el Estatuto de Autonomía fija el 15 de octubre para presentar los presupuestos, pero no siempre, por circunstancias, se ha cumplido, “y no ha pasado nada”.

No lo ve así el exvicepresidente de la Junta y procurador de Cs, Francisco Igea, quien defiende que se celebre cuando esta reglado. “El Gobierno tiene que rendir cuentas, es un principio insoslayable”, afirmó. “Todo lo que pasa en las Cortes es inaudito”, calificó.

Igea arremetió contra Alfonso Fernández Mañueco al que definió como presidente “que se pasa el día escondido y en la clandestinidad y estimó que “no es serio” condicionar la celebración de este debate al contexto electoral, ya que el próximo año también están previstos los comicios europeos.

“Sin control, sin iniciativa, sin comisiones de investigación; es la legislatura más anómala e inútil”, significó el político liberal, convencido de que “el presidente tiene que dar la cara”, mientras afeó que las Cortes solo sirvan para rechazar cuatro proposiciones no de ley en las comisiones.

Desde el Grupo Socialista, su secretario Ángel Hernández insistió en que el Reglamento es “claro” por lo que consideró “evidente” que se celebre y avisó de que no van a permitir que Vox, con el “beneplácito” del PP, “instrumentalice” y “utilice” las instituciones para sus objetivos electorales, sin pensar en los intereses de Castilla y León. “Más que nunca es necesario conocer cuál es el estado de la Comunidad”, dijo, así como las propuestas que hacen los grupos para resolver los problemas, por lo que rechazó que las elecciones generales puedan afectar al desarrollo de los debates.

Hernández recalcó en que en esta legislatura es quizás más importante la celebración de esta sesión y argumentó que Castilla y León ha estado “de moda” como prometió el presidente, pero a su juicio en el “mal sentido de la palabra”. Así, observó que PP y Vox han ido de “lío en lío” y han convertido a una tierra que era “paz y calma” a tener todos los sectores “revolucionados”, desde los sanitarios a los ganaderos.

El debate de política general de la Junta o de la Comunidad es obligatorio, como recoge el Reglamento, en los años sin elecciones en Castilla y León (fueron adelantadas a febrero de 2022). También, exime de su celebración cuando se haya debatido una investidura, una moción de censura (febrero de 2021) o una cuestión de confianza.

Sería el segundo debate de política general al que se somete Fernández Mañueco, ya que el primero se celebró en junio de 2020, bajo el gobierno de coalición de PP-Cs. En 2021, no hubo por la moción de censura socialista y en 2022 por los comicios adelantados por primera vez en la Comunidad. Éste sería el primero de la etapa de PP-Vox en el Ejecutivo de la Comunidad.