Más de diez horas. Eso es lo que ha dedicado este martes el Parlamento andaluz en escuchar a los 23 agentes sociales y económicos que han sido convocados con el fin de evaluar la proposición de ley del PP y Vox con el fin de regularizar los cultivos de regadío ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con la polémica surgida en los últimos meses.
El punto y final a las comparecencias, este martes, lo ha puesto el vallisoletano Miguel Delibes de Castro, que pasa por ser el presidente del Consejo de Participación de Doñana y que comenzó su intervención pasadas las 21.00 horas.
“La realidad es que Doñana está seca. Sus lagunas desaparecen cubiertas por árboles y matorrales y la fauna con ellas. El director de la Estación Biológica se lo habría explicado mejor. Los acuíferos descienden y se han declarado en riesgo. Muchos agricultores están agobiados porque sus pozos languidecen y cambian de sitio y abren otros y por las multas y deudas”, ha señalado Delibes de Castro.
Ha añadido que algunos ayuntamientos no “pueden sostener las sanciones derivadas de las perforaciones ilegales en terrenos municipales”. “Hay un gato encerrado. A veces pienso que, como los magos, a veces nos distraen con algo estrambótico como es declarara regable una zona sin agua”, ha añadido en su comparecencia.
Todo, ha añadido, para “ocultar un truco en otro sitio” como “condonar multas, o convertir las sanciones penales en meramente administrativas”. En su intervención ha añadido que los ciudadanos “tenemos derecho a ser informados de las acciones”.
“Esta proposición de ley destinada, como sabe la gente, a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y a provocar sanciones millonarias de la Unión Europea, ofrece incertidumbre, lo contrario a la tranquilidad. Les ruego que admitan conmigo que las cosas han ido demasiado lejos. Una proposición de ley sustentada en un error de calculo ha desembocado en la mayor crisis social, institucional y mediática alrededor de Doñana en mucho tiempo”, ha explicado.
Delibes de Castro ha abogado por “detener la crispación” para “evitar que la bola de nieve siga creciendo”. Está en juego “la paz social”, el “futuro de agricultores” y la “imagen de marca”.
“Lo que he dicho es que, tal vez, cuando los agricultores que no tienen concesiones de agua están muy contentos, con esta ley piensan que extraer agua no es tan grave” al pasar a ser “una falta administrativa”.
“Si quieren mejorar la ley, lo mejor es que la retiren, digan que al día siguiente de aprobarse la ley se cerrarán falsas y pozos. No entienden la palabra consenso y dialogo para buscar soluciones. Lo que a ustedes le parece muy bien a otros muy mal y la solución está en el consenso. Me parece bochornoso. Que en 2023 tenga alguien que venir a un parlamento para explicar lo que es ponerse de acuerdo, es bochornoso”, ha finalizado.