La Consejería de Industria, Comercio y Empleo invertirá 53 millones este año para promover la contratación de 5.335 trabajadores desempleados por las entidades locales para la realización de obras y servicios de interés general y social, con un refuerzo sobre aquellas actividades de mayor impacto económico y con mayor potencial de generación de empleo, tales como programas específicos dedicados a la realización de obras y servicios ligados al impulso del sector turístico, “al tratarse de sectores que contribuyen al desarrollo económico sostenible, a la creación de empleo y a la cohesión territorial”.

Así lo recoge el proyecto del Plan de Empleo Local y Social 2023-2025, al que tuvo acceso la Agencia Ical, que concreta las inversiones, por el momento, para el actual ejercicio. En este primer eje (de los tres que contiene el documento) de actuaciones para promover la contratación por las entidades locales, se pretende ejecutar obras y servicios vinculados al turismo y cultura, tales como las que necesite el Camino de Santiago, visitas al patrimonio histórico y artístico, actividades festivas y culturales, rutas en el medio natural, acondicionamiento de espacios para la participación colectiva relacionados con el sector y eventos deportivos.

El documento señala que “incentivar la contratación en el medio rural es la mejor solución en la lucha contra las desigualdades territoriales y la despoblación”. Para ello, la Junta persigue “fortalecer y reorientar” todos los instrumentos que la Administración “viene diseñando y ejecutando en los últimos años en la búsqueda de la creación de un mayor y mejor empleo”. “Estas medidas contribuirán a hacer frente al reto demográfico, en una región con una amplia dispersión territorial, baja densidad de población, mayor envejecimiento y mayores dificultades para la prestación de servicios”, esgrime el Plan.

Además, en el marco del primer eje se encuentran un programa de activación para el empleo en los municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León, mediante la contratación de desempleados para la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural; otro para municipios mineros; un cuarto para la contratación de agentes dinamizadores del entorno rural por parte de las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo; otro más para la contratación de trabajadores para el cuidado del medioambiente y la adecuación de infraestructuras de uso público; y un último programa dirigido a los municipios acogidos al plan especial de empleo en zonas rurales deprimidas, incluidos en los consejos comarcales de la provincia de Ávila (plan de empleo agrario).

El segundo eje se centra en programas de fomento de la empleabilidad dirigidos a las personas jóvenes, con un total de 39,2 millones de euros y la expectativa de llegar a 3.271 personas. En este sentido, se pondrán en marcha dos programas: uno de nuevas oportunidades para jóvenes menores de 30 años, en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales de Castilla y León; y un segundo de primera experiencia profesional en las administraciones públicas para la contratación temporal por las entidades del sector público, de jóvenes entre 16 y 30 años.

Al respecto, “continuará el impulso” de programas dirigidos a fomentar el empleo y mejorar la calidad del trabajo a través de la formación, y que combinan un 50 por ciento de trabajo real con otro de formación teórica-práctica asociada al trabajo desempeñado. Según el plan, “todos” los cursos impartidos tienen un “marcado carácter social, puesto que se trata de obras o servicios de utilidad pública o interés social que están en consonancia con las características propias de los momentos actuales: la mejora, limpieza y adecuación de las masas forestales y de las riberas; el cuidado de personas con necesidades de atención, y la puesta en valor y la recuperación del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León”.

Necesitados de protección

Por último, el Plan recoge un tercer eje para el fomento del empleo social, y que cuenta con la previsible puesta en marcha de varios programas dirigidos a colectivos específicos más necesitados de protección. Para ello, se dedicarán 16,5 millones de euros, con el reto de superar las 4.000 personas beneficiadas.

En este marco entran programas de fomento de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; de apoyo a la activación para el empleo de mayores de 45 años, en municipios de más de mil habitantes.

Estas actuaciones tienen como objetivo ofrecer a las personas en situación de desempleo “una oportunidad, una experiencia formativa que facilite su inserción laboral futura”, así como el apoyo y orientación “personalizada en su lucha por conseguir la inserción laboral mediante el desarrollo de proyectos integrados de inserción laboral, a través de itinerarios individualizados y personalizados”.

Por ello, se concreta la contratación temporal por entidades sin ánimo de lucro, a través de subvenciones destinadas a la contratación temporal de personas en riesgo de exclusión social y otras personas en situación de desempleo, capítulo para el que se destinarán 5,8 millones de euros de los 16,5 totales.

Además, se convocarán ayudas para financiar la realización de proyectos integrados de inserción a través de itinerarios individuales y personalizados de empleo, dirigidos a colectivos vulnerables, con un total de 10,6 millones de euros. Y una última subvención a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de itinerarios integrados de inclusión socio laboral de la población gitana, dotado con 100.000 euros.