Castilla y León continúa siendo la autonomía más afectada con creces por la exclusión financiera. Un total de 239.228 personas residentes en 1.422 localidades de la Comunidad carecían de acceso a servicios bancarios a finales de 2022, lo que supone el 48,3 por ciento de los afectados y el 50,8 por ciento de los municipios de España que lo sufren (494.916 vecinos de 2.797 poblaciones, en total).
El informe publicado esta semana por el Ivie, recogido por Ical, revela que el 18,4 por ciento de la población de la Comunidad (437.084 personas), no podía acceder en su localidad a una oficina; el 17 por ciento (402.667), a sucursal con cajero; el 15 por ciento (355.866), a oficina, cajero y agente; el 12 por ciento (285.289), a todo lo anterior ni a oficina móvil; el once por ciento (261.815), carecía de todos esos servicios y tampoco de oficina de correros; el 10,2 por ciento (241.863), sumaba a esas carencias el cash back (sacar dinero en un establecimiento, una tienda o la gasolinera); y el 10,1 por ciento (239.228), no disponía de nada, ni de cajeros gestionados por terceros. Los porcentajes en España se sitúan en una horquilla entre el 3,5 por ciento de la población sin acceso a oficina al uno por ciento sin ningún servicio financiero.
El estudio revela que los municipios sin ningún servicio bancario de la Comunidad (1.422), suponen el 63,3 por ciento del total, frente a un peso en España de los 2.297 afectados del 34,4 por ciento. El porcentaje de pueblos sin oficinas (1.905) asciende al 84,7 por ciento en Castilla y León; si se van descartando más servicios a éste y se añade sin cajero (1.866), baja al 83 por ciento; sin agente (1.808), al 80,4 por ciento; sin oficina móvil (1.495), al 66,5 por ciento; además sin oficina de correos (1.467), al 65,3 por ciento; y ni cash back (1.425), al 63,4 por ciento.
Siete provincias de Castilla y León están entre las diez primeras con mayor porcentaje de población sobre el total sin puntos de acceso presencial a servicios bancarios, con Zamora (21,9 por ciento), Salamanca (16,9 por ciento), León (12,9 por ciento) y Burgos (10,7 por ciento), en los puestos de cabeza; Soria (6,6 por ciento) y Palencia (6,3 por ciento), en el sexto y séptimo y Valladolid (4,7 por ciento) en el décimo. Ávila (3,8 por ciento) y Segovia (3,7 por ciento) están en el 15 y 16. Todos muy por encima del uno por ciento de media en España.
En cuanto al porcentaje de municipios sin ningún medio financiera, alcanza al 80,7 por ciento en Salamanca; 74,7 por ciento en Burgos; 70,2 por ciento en Valladolid; 69,8 por ciento en Zamora; 62,1 por ciento en León; 59,6 por ciento en Soria; 57,6 por ciento en Palencia; 37,8 por ciento en Segovia; y 37,5 por ciento en Ávila.
Más exclusión en cinco provincias
El Informe sobre la inclusión financiera en España de 2022, elaborado para la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), analiza el impacto del plan puesto en marcha por las patronales bancarias para restablecer los servicios financieros. Al respecto, la población excluida cayó en diez comunidades autónomas, encabezando el ranking Castilla y León, con 26.584 personas menos, seguida por Valencia, con 22.794, y Cataluña, con 18.560.
A pesar de las mejoras en la accesibilidad a los servicios financieros, la red de sucursales de las entidades de depósito en los municipios españoles sigue con el proceso de ajuste iniciado en 2008. Los datos facilitados indican que en Castillas y León operaban a finales de 2022, un total de 1.238 oficinas bancarias 108 menos que el año anterior, y con 1.698 cajeros, que bajan en 35, y 231 cajeros desplazados, que se recortan en 47. Por el contrario, operaban al cierre de 2022, un total de 340 agentes, once más que en 2021; y 372 oficinas móviles, que crecen en 166. El estudio indica que también hay 984 puntos de cash back, y 354 oficinas de correos.
En este sentido, aumentó la población sin acceso a una oficina bancaria en 20.455 personas de 38 municipios; y en 33.938 la que no disponía de cajero en 52 nuevas poblaciones; y en 12.309 la que se quedó sin agentes en 29 poblaciones. Sin embargo, cayó en 23.066 de 118 municipios por la llegada de oficinas móviles; y en 120 con 26.584 por estos servicios más las oficinas de correo. No se hace comparativa con cash back porque no se había estudiado en 2021.
En este contexto, pudieron acceder a algún tipo servicio bancario 15.770 personas de 47 poblaciones de Palencia; 8.398 de 50 de Ávila; 6.405 de 12 de Segovia; y 2.689 de 28 de Soria. Por el contrario, aumentó la exclusión financiera en el resto, en 2.197 personas en cinco municipios de Zamora; en 1.720 de seis de Salamanca; en 1.578 de tres de Valladolid; en 983 de tres en León; y en 200 personas en Burgos, sin variación municipal.