Así se solicita el bono digital para pagar menos por internet en Castilla y León

La Junta de Castilla y León abrirá este viernes, 7 de julio, el plazo para solicitar el bono digital. Un instrumento que permitirá acceder a conexiones de alta velocidad a personas o unidades familiares que son consideradas como en situación de vulnerabilidad. Una vez se haya presentado la convocatoria a más de 100 entidades sociales de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma durante el mes de junio.

Esta propuesta, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 15 de septiembre y está dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía o Ingreso Mínimo Vital. El objetivo pasa por lograr que el colectivo se dote de conexiones de banda ancha fija en sus domicilios. O mejorar la velocidad de las mismas. El mínimo está fijado en los 30 Megabits por segundo.

Se trata de una iniciativa que está financiada por los Fondos Europeos Next Generation. Cuenta con un presupuesto total de 790.000 euros. Se repartirán en bonos de 240 euros anuales por beneficiario para reducir en 20 euros al mes el coste total del servicio, con IVA incluido.

Los que sean beneficiarios de este bono social tendrán un mes, contando desde la fecha de notificación de la resolución positiva para contratar el servicio o para mejorar las prestaciones del existente para mantenerlo como mínimo un año.

Toda la información sobre la convocatoria, así como las solicitudes para entrar a formar parte de esta iniciativa, están a disposición de los interesados a través de tramitacastillayleon.jcyl.es y deberán ir acompañadas del certificado de ser perceptor de la RGC o el IMV, el de empadronamiento y una copia del DNI o el NIE, siempre que no se desee que la Junta lo compruebe de forma automática.

La presentación de las solicitudes podrá realizarse de forma telemática, a través de la propia sede electrónica de la Junta, o presencialmente en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en cualquier otro centro de los que se señalan en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.