Cuatro meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara el Decreto Ley por el que se rebaja la jornada laboral de los funcionarios públicos de la Comunidad de 37,5 a 35 horas semanales y a apenas dos meses de que comience el nuevo curso escolar, los equipos docentes están encontrando problemas para cuadrar los horarios y necesidades de los centros educativos.

Una medida que entró en vigor el pasado 1 de junio para todos los funcionarios excepto para los de Educación, dado que la norma prevé se aplique a partir del próximo 1 de septiembre.

Beatriz García, responsable de Educación en UGT Castilla y León, explica a este periódico que "los equipos directivos de los centros educativos públicos están advirtiendo de que no pueden compensar esas horas porque entonces el profesorado no puede cubrir las guardias al elaborar los cupos o calendarios de profesorado para el próximo curso".

Los funcionarios docentes dividen su jornada en horas lectivas y no lectivas "pero si los profesores tienen que hacer 18 lectivas, tendrán que compensar con otras dos no lectivas", añade.

Los centros educativos se encuentran trabajando en organizar este horario con 17 horas lectivas, tal y como corresponde por ley, pero "ahora la Consejería de Educación nos pide que nos vayamos a 18 y si hay que hacer eso, falta gente para cubrir otras necesidades del centro como cubrir determinados horarios, acompañamiento en extraescolares, guardias, etc."

García recuerda que "cuando finalice este mes de julio esto debe estar solucionado pero la Administración nos traslada que se estudiará cada caso", indica.

La sección de Educación de UGT Castilla y León lamenta que "la jornada de 35 horas parezca que sólo deba aplicarse a unos funcionarios y no a todos, también a los profesores" y advierte de que, cumpliendo con la normativa aprobada por el Ejecutivo autonómico, "los centros dejarán de poder cubrir otras necesidades habituales".

El decreto ley que recoge las 35 horas semanales para todos los empleados públicos de la Administración autonómica recupera así las condiciones de las que disfrutaban estos docentes en el curso 2011-2012.

El sindicato denuncia "un exceso de burocracia" y exige a la Junta de Castilla y León que "cumpla con la normativa y atienda las demandas del profesorado y de los equipos directivos".