El Comisionado de Transparencia pide "multas" para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones

El Comisionado de Transparencia, que ejerce el procurador del Común, Tomás Quintana, reclama una reforma legislativa que permita establecer multas coercitivas, como medio de “ejecución forzosa”, para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este órgano, puesto que tres de cada diez dictadas en 2022 no se aplicaron, pese a que el grado de incumplimiento descendió “ligeramente” el año pasado. 

Así lo recoge la Memoria del Comisionado, que Tomás Quintana entregó hoy al presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Javier Teira (Vox), y que se analizará en las Cortes en una sesión el próximo mes de septiembre. El pasado año emitió 262 resoluciones y recibió 794 reclamaciones, de las que 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 73,68 por ciento). Así, 515 correspondieron a ayuntamientos, 42 a entidades locales menores, 22 a las diputaciones, tres a mancomunidades y otras tantas al Consejo Comarcal de El Bierzo.

Además, 112 de las reclamaciones dirigidas a entidades locales fueron presentadas por cargos de las mismas, puesto que 93 fueron formuladas por concejales, diez por vocales de juntas vecinales y nueve por diputados provinciales. En cambio, 137 reclamaciones se dirigieron a la Administración autonómica. La Comisión de Transparencia en 2022 emitió 262 resoluciones.  

En 678 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuestas a las peticiones de información realizadas ante las propias administraciones, habiéndose incrementado el porcentaje de reclamaciones interpuestas frente a la falta de contestación a solicitudes de información. Por lo tanto, más de ocho de cada diez de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente. 

En el caso de las 116 reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las administraciones, los motivos argüidos, de forma más frecuente, para no proporcionarla fueron la protección de datos personales, que la información se encontraba en curso de elaboración, la necesidad de reelaborarla y la falta de posesión de la misma. Cinco materias fueron las que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia: la protección del medio ambiente, el empleo público, las obras públicas, la información sobre contratación y las actuaciones de carácter urbanístico.

En 2022 no se interpuso ningún recurso judicial frente a las resoluciones de la Comisión de Transparencia. En cambio, sí produjeron tres sentencias que han resuelto los recursos interpuestos frente a otras tantas resoluciones, todas ellas confirmatorias de la posición adoptada.   

Portal de Gobierno Abierto

Respecto al Portal de Gobierno Abierto de la Junta, destaca un “alto grado” de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación, pero plantea que se ofrezca a las entidades del tercer sector que puedan hacer sus publicaciones en este espacio, así como que avance en la utilización de un lenguaje “menos técnico y más sencillo”, así como la incorporación de nuevos gráficos y cuadros. También recomienda mejorar la localización y el acceso a la información relacionada con los altos cargos y que se garantice la actualización de la información publicada, así como un aumento de los contenido en formatos reutilizables.

También apunta que las diputaciones, ayuntamientos capitales de provincia y otras poblaciones cumplen, aunque sea parcialmente en algunos casos, con la normativa, a diferencia del resto de entidades locales, para las que pide apoyo y “orientación”. Además, pone de manifiesto el déficit que presenta la información suministrada en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad por parte de las instituciones provinciales y la falta de datos sobre las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales de los municipios de menor tamaño.