El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha presentado su última propuesta a través de una Proposición No de Ley. De esta manera, el político liberal quiere que se reforme la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad para crear un sistema de multas coercitivas ante las conclusiones y datos de la Memoria 2022 del Comisionado de Transparencia.
En este sentido, tras analizar y leer la memoria, Igea ha tildado de "brutal" que se hayan incrementado un 60% las reclamaciones presentadas con respecto al 2022, además de las resoluciones emitidas no atendidas por las administraciones.
Denuncia que se mantiene el "incumplimiento" de muchos ayuntamientos y administraciones a resoluciones que son de "obligado cumplimiento".
De esta manera, manifiesta que la situación se produce, "tal y como refleja la propia Memoria", al no existir "un sistema de multas coercitivas que sea capaz de forzar la ejecución de las resoluciones del Comisionado". Igea defiende que esto convierte el derecho al acceso a la información de los ciudadanos "en un papel mojado" y ha afirmado que "no existe" una forma de obligar a las administraciones a "cumplir con sus obligaciones", que para el político de Ciudadanos "incumplen de manera sistemática como refleja la Memoria de 2022".
Por todo ello, Igea apuesta por llevar a cabo una "pequeña reforma" en la normativa de Castilla y León actual para obligar a la imposición de multas coercitivas a las administraciones que "no cumplan con la obligación de la Ley". "Los derechos no pueden ser papel mojado. No existe ley si no existe poder coercitivo que la haga cumplir", ha sentenciado.