El 87,8 por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León ya ha rendido sus cuentas del ejercicio de 2021 la fecha actual, con una mejora interanual de medio punto. Por provincias, la horquilla oscila entre el 82,3 por ciento de Segovia y 92,3 por ciento de Salamanca, según los datos avanzados hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que añadió que para el total de entidades locales el cumplimiento se sitúa en el 80,7 por ciento.
En el caso de Ávila, la rendición de cuentas de los ayuntamientos se sitúa en el 86,7 por ciento; en el 86 por ciento en Burgos; en el 89,6 por ciento en León; en el 87,4 por ciento en Palencia; en el 86,3 por ciento en Soria; en el 88 por ciento en Valladolid y en el 89,5 por ciento, de Zamora, según dijo Amilivia en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para la presentación del informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, del ejercicio de 2021.
Igualmente, Amilivia pidió una reflexionar a los procuradores sobre la “especial singularidad” de la Comunidad al tener el 27 por ciento de los ayuntamientos de España y el 67 por ciento de las entidades locales menores. Además apeló a la responsabilidad que tienen las diputaciones de León, Burgos y Palencia sobre el apoyo a las juntas vecinales.
Asimismo, el presidente del Consejo de Cuentas aprovechó para pedir que se extienda a otras ayudas y con rango normativo la exigencia incorporada en 2021 en la convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General que recoge como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas ante el órgano de control externo.
En ese sentido, la ‘popular’ Paloma Vallejo aseguró que la Comunidad se incluye entre las “más cumplidoras” en la rendición de cuentas, pero lejos del “conformismo”, abogó por seguir mejorando. “Falta camino por recorrer”, dijo para abogar por mejorar las herramientas para conseguirlo y apostilló: “las comunidades no pueden avanzar solas”. Además, reclamó al Gobierno que reforme la ley de bases locales y convoque las oposiciones de funcionarios con habilitación nacional, en especial de secretarios-interventores.
Al respecto, el socialista Juan Luis Cepa sostuvo que “hay mil causas” que pueden explicar el retraso en la rendición de cuentas de un ayuntamiento y planteó una reordenación de la administración local. A su juicio, sí habría que tomar medidas con ayuntamientos “reincidentes” o consistorios “grandes”. Además, recordó que si la Junta no presenta sus presupuestos, tampoco lo podrían hacer las entidades locales, y añadió que el único gabinete que redujo la planta de empleados públicos fue el de Mariano Rajoy.
Por su parte, el procurador de Vox Javier Teira pidió articular mecanismos para que se cumplan las obligaciones, como establece el Tribunal de Cuentas, pero planteó como “principio” la simplificación de los trámites. Además, ironizó con que se hable de rendición de cuentas en las Cortes, mientras se producen indultos y una amnistía a políticos que se lo han “llevado crudo”. En síntesis, remarcó, el sistema local tiene una “salud financiera robusta”.
También, el portavoz de UPL-Soria YA, José Ramón García, aseguró con “asombro” que algunas entidades no cumplen con este deber “democrático”, entre ellas, al Consejo Comarcal del Bierzo, que señaló dejó de hacerlo en 2017. “Tienen que rendir cuentas sí o sí. No puede ser que no pase absolutamente nada”, dijo y pidió analizar por qué ocurre esto, si es por falta de recursos, de interés o por otro motivo.
Finalmente, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, lamentó que tres diputaciones -Ávila, Salamanca y Zamora-, como el Consejo Comarcal del Bierzo o ayuntamientos como el de Segovia o Medina del Campo (Valladolid) incumplan su obligación en relación a la rendición de cuentas. Además, pidió implementar medidas “coercitivas”, con rango normativo, para que sean “más eficaces”.