La Junta de Castilla y León sufragará con más de 20,4 millones de euros el déficit de explotación correspondiente a los tres primeros trimestres del año de las 127 empresas concesionarias del transporte público de viajeros por carretera, responsables de la prestación del servicio de las 243 concesiones en las que está dividido este servicio esencial.
Este montante, en el que se incluye la aplicación de la reducción del 50% de los títulos multiviaje de transporte para viajeros recurrentes desde el 1 de enero al 30 de septiembre, se suma a los otros diez millones concedidos en concepto de anticipo de las compensaciones correspondientes al ejercicio actual. Cinco de ellos en diciembre del pasado año, destinados a aquellas operadoras con un déficit superior a los 500.000 euros al cierre del año 2022 y otros cinco en abril dirigidos al resto de concesionarias.
El esfuerzo económico que lleva a cabo el Gobierno autonómico con el transporte público de viajeros por carretera, que superó los 38 millones de euros durante el pasado ejercicio, se enmarca dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural.
Con estas inversiones, además, se da cumplimiento al mandato que tiene la Junta de asegurar el sostenimiento económico-financiero de las entidades que prestan este servicio básico y fundamental y el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.
La necesidad de prestar el servicio público de transporte en las condiciones actuales, con más de un 63% de sus rutas con menos de 5.000 viajeros al año, y armonizarlo con las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de la Comunidad, da lugar a un modelo que exige a la Administración autonómica asegurar la liquidez de las empresas concesionarias para mantener la totalidad de las rutas y vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes.
El transporte autonómico registró hasta el 1 de octubre más de 9,93 millones de usuarios, lo que supone un 20 por ciento más que en el mismo período de 2022. Además, durante los tres primeros trimestres del año, el número de bonos rurales gratuitos a la demanda creció un 48,58 por ciento, al pasa de poco más de 116.000 a más 172.000.