El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno Extraordinario para anunciar que la Comunidad comenzará una batalla en los tribunales, la primera que lo hace en España, contra los pactos para hacer presidente a Pedro Sánchez.

Un consejo llevado a cabo ante las negociaciones entre Sánchez y los partidos independentistas para la formación de Gobierno con la amnistía y la condonación de la deuda autonómica como protagonistas y donde ha anunciado que acudirán a los tribunales para recurrir la amnistía y la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “Unos pactos anunciados que atentan gravemente contra España y contra Castilla y León. Contra nuestro marco de convivencia”, ha anunciado en la sala de mapas de Presidencia. “Vamos a ser firmes y tajantes en la defensa del Estado de Derecho. Vamos a actuar con firmeza y determinación. No nos quedaremos de brazos cruzados, ni miraremos a otro lado". Eso sí, todo en condicional y a expensas de que finalmente el pacto entre PSOE y ERC y Junts se certifique.

Mañueco, arropado por su vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), ha explicado que en el acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario se ha llegado al acuerdo para autorizar al consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, para iniciar el procesamiento de impugnación mediante recurso de anticonstitucionalidad de los posibles acuerdos que se produzcan sobre la amnistía y sobre la condonación de deuda. Lo harán ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y la Audiencia Provincial. “Vamos a defender a los castellanos y leoneses porque se lo merecen. Estamos convencidos de que el Estado Derecho triunfará”, ha argumentado.

De esta manera, la Junta de Castilla y León se convierte en la primera comunidad que inicia el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía. Por otra parte, también se acuerda iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad o Recurso Contencioso-Administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en los mismos acuerdos político ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Audiencia Nacional, en función de la institución que adopte y materialice el acuerdo. Según Mañueco, este texto recoge medidas que podrían atentar contra los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España a través de la amnistía, y menoscabar la financiación y recursos públicos para el mantenimiento de servicios esenciales para la ciudadanía de Castilla y León, a través de medidas financieras y económicas de privilegios.

Preguntado por si la Junta demandará en esa reunión la condonación total de la deuda de Castilla y León, Mañueco dejó claro que la Comunidad no va entrar en la “subasta” ni en “juegos de números”. No en vano, reiteró que se habla de los impuestos de todos los españoles para mejorar su calidad de vida pero no para los intereses particulares de Pedro Sánchez ni “consolidar” las aspiraciones de los separatistas.

En todo caso, apuntó que la postura de la Junta será pedir una negociación multilateral de un nuevo modelo de negociación autonómico por ser “viejo” y “malo”; cubrir el coste de los servicios públicos; corregir el déficit de infraestructuras para el crecimiento de la Comunidad y contar con un desarrollo “equilibrado”, “armónico” y de cohesión territorial del país.

El presidente de la Junta de Castilla y León considera que es un ataque al Estado de Derecho “y una aberración política”, y que las consecuencias serán para todos los españoles. “La amnistía es un atentado contra la dignidad de todos los españoles, va contra la convivencia y contra la Constitución”.

Por último, ha criticado que Pedro Sánchez no tenga dinero para diferentes actuaciones en Castilla y León, ha hablado de empresarios, familias, agricultores, ganaderos e infraestructuras, pero sí tenga 17.000 millones de euros para perdonar a los que no han cumplido con su obligación. “Ha pasado de una compra-venta a una absoluta estafa”, dijo, para denunciar la “estafa” a todos los ciudadanos, y la “afrenta a todas las autonomías” y pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un “instrumento que también ha pisoteado Sánchez. Paga a sus socios con el dinero de todos los españoles”, ha concluido.