Los grupos de PP y Vox rechazaron hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes tres PNL del PSOE destinadas a ampliar y mejorar los medios y la plantilla de trabajadores públicos dedicados a la inspección tributaria en la Junta de Castilla y León, con el argumento de que se ha potenciado y de que se cumple el mandato en tal sentido de la Cámara.

En el debate, se cruzaron, de nuevo, el modelo fiscal de PSOE y Podemos de contar con impuestos para destinarlos a los servicios públicos y de PP y Vox de eliminar tributos, como se hizo con sucesiones y donaciones bajo la coalición de populares y naranjas, hasta el punto de que la socialista Rosa Rubio recriminó que se recaude menos y se ponga la mano para que todos los ingresos lleguen del Gobierno.

“Es el rol del poli bueno y malo”, describió, convencida de la vinculación entre una plantilla de inspectores adecuada a las necesidades y la recaudación, lo que calificó de “talón de Aquiles” en el caso de la Junta, lo que no compartió el popular Emilio Berzona, para quien se ha reforzado con cinco nuevos inspectores. 

Sin embargo, la propuesta socialista instaba a las modificaciones necesarias para ampliar la plantilla de trabajadores públicos destinados al control tributario, de forma que en el año 2023 haya al menos un inspector y dos subinspectores en cada provincia, no aceptado por PP y Vox, pero sí tuvo el apoyo de Grupo Mixto y UPL-Soria Ya.

Rubio desgranó una serie de datos de la memoria de gestión tributaria, entre ellos que 1.201 herederos se hayan ahorrado 96,3 millones, de los cuales 177 heredaron un millón de euros, y 34.000 donaciones hayan dejado de ingresar en las arcas autonómicas 237 millones. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, subrayó que el número de liquidaciones complementarias pasó de las 20.000 de 2013 a as 17.000 de 2022, de 28 a 17 millones, de los que hubo de devolver 37 por ingresos indebidos. 

De “fracaso” calificó la recaudación ejecutiva indirecta al pasar de 17 a 13 millones entre 2013 y 2022, y también la directa con nueve millones recaudados, que achacó a la falta de medios personales, pero, igualmente, a “desinterés político”. “Quieren que haya menos gente, que se recaude menos para tener contentos a sus amigos y atacar al Gobierno”, zanjó. 

Unidad fiscal

El popular Emilio Berzosa manifestó que en 2021, la Junta se dotó de una nueva unidad fiscal, con cinco nuevas plazas de inspectores, afirmó que con ella se da cumplimiento a una PNL aprobada en la misma Comisión y concluyó que “desmonta que poco o nada se ha hecho”. A día de hoy, indicó que el número actual de plazas cubre las necesidades de inspección y Castilla y León ocupa el quinto puesto en el ránking de comunidades.

Berzosa defendió los cambios normativos de la Junta para luchar contra el fraude fiscal pero señaló que el mayor esfuerzo en la materia corresponde al Estado y avanzó que en el segundo informe realizado por acuerdo con la Agencia Tributaria “se verá”, a finales de este año, que el mayor volumen de fraude corresponde a tributos no cedidos. 

“Carece de sentido las PNL presentadas”, resumió el procurador al considerar que se cumple con el compromiso adquirido, a la vez que rebatió que se definió como declaración especial para que aflorara el dinero y no fue una amnistía, como calificó Rubio la actuación en el Gobierno de Rajoy. 

Francisco Javier Carrera (Vox) criticó que el PSOE acuse a los castellanos y leoneses “de ser defraudadores en potencia” y al Gobierno de PP y Vox “amnistiador” cuando en su acuerdo con los independentistas van a condonar 15.000 millones en Cataluña, cifra superior al presupuesto de Castilla y León, y defendió la transparencia de la Junta cuando los datos están en la memoria y publicados. 

“Vienen a demostrar que la inspección no es tan deficiente como dice”, rebatió el procurador, que añadió que existe también un problema de empresas que cambian el domicilio fiscal a comunidades con menores tributos. Además, señaló que la recaudación va unida a la actividad económica y aseguró que se ha incrementado en un 7,54 por ciento entre 2014-2021. 

En este punto, afeó a la procuradora que solo se fije en el impuesto de sucesiones y donaciones y en calificar de ricos a los que se han visto beneficiados con la supresión y avanzó el rechazo a las tres PNL. “Prefiero ser un idiota útil a un traidor negociador oculto”, zanjó, para responder la aseveración de Rubio de que el PP cuenta con “cómplices e idiotas entusiastas”.

Rubio replicó a PP y Vox que solicitan continuamente dinero al Gobierno que sale del bolsillo de los españoles mientras piden menos impuestos, pidió que “el empeño” en hablar de la deuda de Cataluña se realice sobre el PIB de esa comunidad y acercar al mismo el de Castilla y León y aseguró que fue una amnistía fiscal, para preguntar por qué “no salieron con pulseritas a manifestarse en la calle” para reclamar los 700 millones que dejaron de ingresar las arcas de la comunidad. 

La procuradora aclaró que se refiere a la plantilla de inspectores de la Junta de Castilla y León, no de la Agencia Tributaria, recalcó que es inferior en 2022 a la existente en 2007 y afeó que hoy se debatan las tres iniciativas cuando se presentaron en junio de 2022. 

El procurador de Podemos, Pablo Fernández, apoyó las tres iniciativas para reforzar el sistema tributario de la Comunidad y acusó a PP y Vox de “hacer algo insólito” como promover y fomentar que se paguen menos impuestos, con la supresión de algunos, como sucesiones y donaciones. “No apuestan por lo público ni por tener una política fiscal acorde a las necesidades”, afirmó. 

Por UPL-Soria Ya, José Ramón García abogó también por modernizar el sistema fiscal para aumentar la eficacia del control tributario con más medios materiales y personales y manifestó que los impuestos son fundamentales para mantener el estado del bienestar, pero indicó que los ciudadanos “se cansan de ver corrupción” o que se condone deuda a los más ricos. 

Se preguntó si es lo mismo el pago de impuestos de un berciano, un barcelonés o un madrileño ante los servicios viarios y sociales que recibe, si bien apoyó las tres PNL aunque terminó con un “haber si es verdad” en relación a lo que pagan los ciudadanos y lo que reciben a cambio.