UGT, CCOO y CEOE plantearon hoy la posibilidad de estudiar vías para abaratar el coste del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales), pero exigen una financiación “adecuada”, mientras la Junta rechaza incrementar su aportación, que mantiene en los 400.000 euros. Así las partes volvieron a defender sus posturas y no llegaron a ningún acuerdo en la reunión del Patronato del organismo autónomo de solución de conflictos laborales de la Comunidad.
Fuentes de la reunión indicaron a Ical que la disposición de sindicatos y patronal de intentar reducir el coste del SERLA no fue aceptada por la Administración, representación que ostenta la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que se mantiene en su posición de reducir su aportación y dejarla en 400.000 euros. Además, descartaron devolver al director del servicio las competencias de gestión.
En relación al cambio de sede, la parte social y empresarial aceptaron la posibilidad de buscar una nueva ubicación para el SERLA que suponga una reducción del gasto, si bien exigieron que el lugar elegido reúna las condiciones para poder prestar el servicio, tanto en relación a la superficie, como con la dotación de medios materiales. De esta forma, rechazaron que pueda desarrollar su función en la Oficina Territorial de Trabajo, la opción que se votó y que aprobó en solitario la Administración.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO-CyL, Fernando Fraile, denunció que la Junta “se niega a realizar una aportación económica adecuada” y “suficiente” que permita el “normal” funcionamiento del Serla, que señaló va a gestionar este año más de 5.000 conflictos individuales y más de 350 colectivos a pesar de todas las “trabas” y “asfixia” económica. “Se niegan a financiarlo adecuadamente”, sentenció para advertir que los trabajadores del Serla no cobrarán este mes los salarios, ni la extra, puesto que el Servicio no puede pagarles, ni tampoco hacer frente a los seguros sociales y a los gastos del día a día.
Fernando Fraile sostuvo que el Serla está en una situación de “colapso económico" en un momento en el que recordó tampoco puede intervenir el director puesto que le fueron retiradas sus funciones. Además, advirtió de que el punto del orden del día sobre el cambio de sede presenta un “defecto de forma” porque requiere de informes preceptivos y un acuerdo del Consejo de Gobierno. Aunque señaló que sindicatos y patronal aceptar buscar otro lugar, exigen que reúna las “garantías” mínimas para poder cumplir su función.
Finalmente, otros agentes presentes en la reunión expresaron que las partes reprodujeron las posiciones de los últimos meses, con una “sintonía” entre sindicatos y patronal en relación a la exigencia de una financiación adecuada a la Junta, puesto que señalaron que los 400.000 euros que ofrece el Gobierno autonómico es insuficiente, puesto que en 2023 el SERLA terminará el ejercicio con un presupuesto de 809.000 euros.