Los alumnos de Formación Profesional y enseñanzas artísticas superiores de Castilla y León que lleven a cabo prácticas desde el próximo 1 de enero deberán estar dados de alta en el sistema de Seguridad Social. Así lo marca la normativa estataly la Junta lo ha asumido, a pesar de que 14 autonomías, entre ellas Castilla y León, han solicitado una moratoria de la entrada en vigor de la medida.

En un encuentro técnico celebrado ayer, 21 de diciembre, la Junta ha señalado que "se crearon más problemas administrativos" ya que cambiaron algunas de las instrucciones ofrecidas en los encuentros anteriores. Las autoridades de la Seguridad Social han informado de que cada centro ha de tener un código de cuenta de cotización y que cada alumno deberá contar con un número de seguridad social. A juicio de la Junta, se trata de "cuestiones técnicas que complican la gestión de la medida".

La Consejería de Educación de Castilla y León ha asegurado que no está dispuesta a que los equipos directivos "asuman más carga burocrática" y que ya se encuentra trabajando para gestionar la "complicada" medida. La Dirección General de FP ha enviado un correo a los centros para tranquilizarles y ha señalado que la Junta trabajará para "poner luz" sobre esta medida que, a menos de dos semanas de su aplicación "cuenta con muchas dudas que el Ministerio no está resolviendo".