Una de las prioridades de la Junta de Castilla y León en esta legislatura es la actualización de los protocolos de cooperación suscritos con las nueve comunidades autónomas vecinas. Con ese fin ya se ha dirigido a los gobiernos autonómicos, pero ha recibido “el veto” del País Vasco por la composición del Ejecutivo castellano y leonés, el primero en el que entró Vox.
La Junta se ha dirigido ya a los nueve gobiernos vecinos, tanto al más alto nivel, como durante la asistencia del presidente Alfonso Fernández Mañueco a la investidura de sus homólogos elegidos en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, como por carta para ofrecer la renovación de los acuerdos de cooperación.
En cartera, solo a falta de cuadrar las agendas de los presidentes, está la firma del primero de ellos con la Xunta de Galicia, pero la reciente convocatoria de elecciones por su presidente, Alfonso Rueda, para el próximo 18 de febrero, hará que se retrase hasta que el nuevo Gabinete eche a andar.
La Junta ha tratado de renovar el protocolo con el País Vasco, firmado en Valladolid en 2012 por Juan Vicente Herrera y Patxi López. El texto está acordado por ambos ejecutivos, con informes previos, pero finalmente el Gobierno vasco expresó “su veto ante la actual composición del Gobierno de Castilla y León”, según la información facilitada a Ical por la Consejería de la Presidencia.
Sin embargo, la Junta no tira la toalla y, ante “las dificultades” para suscribir un nuevo protocolo, va a proponer al Gobierno vasco acuerdos sectoriales, informaron desde el departamento de la Presidencia. En tal sentido, explicaron que ya se trabaja en un posible acuerdo sanitario y en un protocolo para coordinar las emergencias en las zonas limítrofes.
“Es necesario seguir impulsando alianzas estratégicas”, manifestó en las Cortes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien explicó que estos acuerdos no son solo una necesidad de Castilla y León, sino de todas las autonomías para mejorar la cobertura de los servicios en las zonas limítrofes.
La oposición socialista apoya su actualización porque ve “desfasadas” algunas de las acciones recogidas pero no realizadas, como afirmó también el portavoz de esta materia en las Cortes, Luis Briones, quien pidió a la Consejería que realice una memoria anual de actuaciones y de su grado de ejecución.
Precisamente, Briones alertó de los problemas para renovar el protocolo con el País Vasco por la presencia en el Gobierno de la Comunidad de “la ultraderecha” y la posición que mantiene en violencia de género o cambio climático, entre otras materias en una “posición negacionista”.
Acuerdos de colaboración de la Junta con comunidades limítrofes
Más de 160 convenios
La última reforma del Estatuto de Autonomía en 2007 abrió una nueva etapa en la colaboración horizontal con las comunidades autónomas, ya que la máxima norma de autogobierno potencia los acuerdos con las autonomías limítrofes y con aquellas con las que le unen vínculos históricos y culturales.
Desde esa reforma, Castilla y León ha firmado más de 160 acuerdos de colaboración con las autonomías vecinas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y País Vasco), según Presidencia, entre los que destaca los de ámbito general para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos con independencia de la comunidad de su residencia.
En esta legislatura, se renovó ya el existente con Madrid. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmaron en noviembre de 2022 un protocolo general para reforzar la cooperación entre ambas comunidades que beneficia, en especial, a las zonas limítrofes de Ávila y Segovia en sanidad y transporte.
Precisamente, en el nuevo convenio previsto con la Xunta de Galicia se amplían también contenidos, como la defensa y acciones en el Corredor Atlántico o programas conjuntos destinados a ciudadanos de ambas comunidades residentes en el exterior.
Además de estos convenios bilaterales, la Junta de Castilla y León forma parte del ‘Foro de Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos’ junto con Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha. La reforma del sistema de financiación autonómica y un pacto de estado contra la despoblación son algunas de sus propuestas.