Año muy complicado para los trabajadores del Servicio de Mediación Extrajudicial de Castilla y León, el Serla, después de que el Gobierno autonómico decidiera dejar de financiar, al menos en parte, a esta entidad, reduciendo a 400.000 euros su aportación, la mitad de 2022. El empeño de la Consejería de Empleo por suprimir el Serla llevó a la vicepresidenta Yolanda Díaz a intervenir y a amenazar a Mañueco con ir a los tribunales si no reestablecía el servicio.

La situación ha llegado hasta el punto de que los trabajadores aún no han cobrado la nómina ni la extra de diciembre, según denuncia UGT, quien reafirma su intención de “seguir luchando por el blindaje del Serla como servicio público y constitucional". Precisamente, el sindicato celebra que, a pesar de la situación de incertidumbre, el Servicio de Medicación Extrajudicial de Castilla y León ha batido récord histórico y en 2023 intervino en 394 conflictos colectivos y en más de 5200 individuales -frente a 3.533 en 2022 y los 2.718 en 2021-, por lo que felicita a la plantilla y al director del equipo de mediadores por su “escrupuloso y comprometido trabajo”.

Sin embargo, desde el sindicato aseveran que la Junta “ya traspasó líneas rojas con el impago de las nóminas, pero, además, la extra y remuneración mensual de diciembre está sin abonar”, lo que a su judicio demuestra “la incompetencia de la coalición del Gobierno porque sabían que los trámites no podrían formalizarse a tiempo. A este despropósito se suma que, actualmente, hasta los seguros sociales de los trabajadores están sin cubrir”, asegura.

UGT cree que la Administración quiere obligar al Serla a la quiebra técnica “por asfixia y secuestro”, lo que supone un “ataque al legítimo derecho constitucional de la población”.

De hecho, el conflicto ya pasó por el TSJ de Castilla y León el 20 del pasado septiembre, que se declaró no competente en su ámbito para resolver la reclamación de UGTCYL y el Ministerio de Trabajo de financiación suficiente para cubrir en su totalidad los gastos del Serla. Por ello, UGT y Ministerio recurrieron hace dos semanas esa sentencia.

A mayores, el 6 de noviembre UGT presentó ante el defensor del pueblo “las acciones contrarias decisorias de la comunidad autónoma que dificultan o directamente imposibilitan los medios de solución autónoma de conflictos solicitando que se responsabilice a los políticos de Castilla y León que gobiernan de la campaña de acoso al Serla”, que ejecuta por Ley las competencias en materia de mediación y arbitraje. Desde el sindicato, aseguran que están “vigilando las conductas inconstitucionales y antisindicales del ejecutivo autonómico para que la Administración Pública cumpla con su deber”.

Frente común con el Ministerio para blindar el servicio

UGT denuncia que el Serla ni siquiera puede tramitar el correo ordinario para las propias citaciones a las mediaciones, sufragar el gasto corriente o pagar el alquiler de la sede. Por ello, estudia con el Ministerio de Trabajo “todas las posibilidades para desarrollar normativas o decretos que blinden el servicio de mediación de los territorios autonómicos”. Al respecto, UGT ha llegado a afirmar que el gobierno de Castilla y León parece pretender que se aplique a la comunidad un 155 actuando de esta manera.

Para finalizar, UGTCYL exige al consejero de Economía y Hacienda la agilidad del ingreso presupuestario "exclusivo para nóminas" que se aprobó extraordinariamente y condicionado a finales del 2023 por el Gobierno autonómico y anuncia que el sindicato seguirá apoyando, acudiendo y desarrollando cada día la prestación de mediadores al servicio del SERLA para los trabajadores y empresas en aras de resolver los conflictos laborales, pero también defendiendo por todas las vías posibles a las organizaciones, organismos instituciones y/o colectivos que la Ley exija y la Constitución fije”.