La batalla liderada por Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, contra la contratación de médicos sin especialidad en la Comunidad ha llegado al Ministerio de Sanidad, a quienes ha pedido la intervención de los servicios jurídicos del Estado tras el informe de la Abogacía del Estado.

Un informe que, según ha recordado y ya se había hablado a comienzos de esta semana, determina que para trabajar se debe tener una titulación de especialista. "En la Atención Primaria es la de Médico de Familia y Comunitaria", ha recordado Igea, quien ha recalcado que han devuelto la contestación presentando la orden del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León que instaba a la contratación de profesionales sin especialidad y han pedido la intervención de los servicios jurídicos. "Ahora esperamos a ver qué dice la ministra que por cierto es médico de familia", ha destacado.

Igea ha querido exponer esta situación de "extrema gravedad" ante los medios de comunicación y ha hablado de que esta forma de actuar de la Junta es "puro electoralismo" que busca "cumplir una promesa" hecha durante la campaña previa a las elecciones de 2022, que era evitar el cierre de los consultorios.

De esta manera, Igea ha querido dejar caer que la contratación de los médicos sin especialidad se está produciendo en el medio rural, donde serían en torno al 20%, según ha explicado. Así, para poder evaluar esta situación, han presentado hasta una veintena de enmiendas a la Ley de Blindaje de los Servicios Sociales.

De esta manera, exigirán, para "garantizar la calidad asistencial y servicios sociales en todo el territorio", el cumplimiento de la cartera de servicios, que está formado por un total de 48 y dividida en cuatro bloques: "Atención a la Salud, Servicios Complementarios, Salud Comunitaria y Prevención".

Igea ha incidido especialmente en el primero de ellos, como elemento básico a comprobar en los indicadores, "uno a uno", de los consultorios y centros de salud, tanto urbanos como rurales. El objetivo no es otro que garantizar así que se está cumpliendo la "igualdad" a la hora de prestar el servicio al ciudadano, independientemente de su lugar de residencia.

Precisamente, estos indicadores de resultado de cobertura y de proceso de las 48 partes de la cartera de servicios de la Atención Primaria ha sido solicitada "hoy mismo" a la Consejería de Sanidad. "Son los que miden si estamos cubriendo bien todos estos servicios", ha insistido.

Igea ha defendido su idea de apoyo "siempre" al mantenimiento de los consultorios, pero ha asegurado que tienen que garantizar que se está prestando con una "calidad suficiente". "Entendemos que no pueden ser los cuatro bloques, pero al menos la cartera de atención básica de salud que tiene que darse y medirse", ha incidido.

El hecho de que la atención la preste un médico sin especialidad, incumpliría el indicador, según la idea de Igea, por lo que en caso de que este "no sea posible" (cumplirlo) su solución es "garantizar el transporte". Ha explicado que lo que la Junta solicita a estos profesionales sin especialidad es un carné de conducir, por lo que en vez de pedírselo a ellos, ha recalcado es que se le pida a los conductores para que trasladen a las personas en "transporte público a la demanda gratuito desde los centros que no se pueda prestar esa atención al más cercano". 

También exige la asistencia en 72 horas máximo en todo el territorio, pues se están produciendo demoras de "ocho y hasta 16 días", como sucede en el centro de salud de Parquesol, en Valladolid. "Todos tienen derecho a ser visto en un tiempo prudencial", ha subrayado.

Igea también ha hablado de una "extrema gravedad" de la situación epidemiológica en la Comunidad, donde se está produciendo un exceso de mortalidad de dos terceras partes de lo registrado en España, es decir, de más de 200 personas, durante la primera semana de enero. Unos datos que los ha manifestado según un estudio realizado por el Instituto Carlos III de Madrid. 

Además, ha puesto de manifiesto que en la actualidad hay más hospitalizados, tanto en UCI como en planta, que durante la primera ola de la Covid-19, allá por abril de 2020. Ha denunciado que incluso en algunos lugares se está superando el 100% de ocupación."Para cortar la epidemia había que haber hecho lo que hicimos en años anteriores, que es vacunar", ha afirmado.

De esta forma, ha cargado contra la Consejería de Sanidad por tener intención ahora de incidir los esfuerzos en la campaña de vacunación, la cual ha criticado hasta ahora por ser "desastrosa", y ha recalcado que se tenía que haber hecho ahora. A 8 de enero de 2024, ha puntualizado que se había alcanzado un 61% de la población mayor de 65 años vacunada contra la gripe, lo que registra 14 puntos menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es el 75%.

Respecto a las declaraciones del consejero sobre que "no hay colapso" en Castilla y León, Igea ha aclarado que la ocupación es de un 80%, que "no está completamente colapsada, pero es preocupante". "Esto es la realidad y los datos de la gestión de la epidemia. Una campaña de vacunación indolente y politización de la gestión", ha aseverado.

Otra situación criticada por el procurador del Grupo Mixto ha sido el suceso acaecido en Salamanca el pasado 2 de enero, cuando una de las ambulancias del Sacyl no contaba con médico y se contrató a un recién llegado a España que venía a estudiar el MIR. "Esa ambulancia tuvo que atender una parada cardiorrespiratoria y el médico carecía de las habilidades para atender esa situación", ha lamentado.

"Los médicos de emergencia tienen una serie de reivindicaciones que no están siendo atendidas. Luego queremos médicos formados para atender las emergencias y diremos a Pedro Sánchez que venga a proporcionarlos. Es una situación extrema la que se está produciendo y de gran gravedad. Vamos a solicitar la comparecencia de la Dirección de Asistencia y la Gerencia de Emergencias del Sacyl", ha sentenciado.