El Senado rechazó hoy, con la mayoría absoluta del PP, la senda de déficit y deuda pública que propone el Gobierno de España para el periodo 2024-2026, lo que deja en el aire de inicio una partida de 70,77 millones de euros que la Junta incluye en el límite de gasto no financiero para 2024, conocido como ‘techo de gasto’, que se aprobó precisamente este miércoles en las Cortes de Castilla y León.

La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez era permitir un déficit para este ejercicio del 0,1 por por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a las comunidades, lo que en el caso de Castilla y León supone casi 71 millones añadidos a las entregas a cuenta, los fondos europeos y otras transferencias. Sin embargo, la Cámara Alta ha rechazado esta previsión, lo que pone en duda si la Junta podrá incorporar estos recursos a sus cuentas.

De momento esto trastoca el montante del ‘techo de gasto’ de la Comunidad, que asciende a 12.993 millones, un 4,2 por ciento más que el anterior, y que fue ratificado al final de la mañana por el Parlamento de Castilla y León. Unas horas después este límite se ve afectado por las decisiones adoptadas por otra cámara, que ha tumbado la senda de déficit y deuda pública, lo que retrasa los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de Castilla y León, ahora está por ver si este tropiezo parlamentario del Gobierno en el Senado cambia también el calendario que manejaba la Junta para aprobar el proyecto de ley de presupuestos. De momento, el Ejecutivo autonómico afronta el día a día con las cuentas prorrogadas de 2023 desde el pasado 1 de enero.

Precisamente, el déficit en el que podrá incurrir la Comunidad es una de las variables que emplea la Junta para diseñar el límite de gasto no financiero, base sobre la que elabora los Presupuestos Generales de la Comunidad, que hasta ahora pensaba presentar en este mismo mes de febrero, para que iniciaran su tramitación en las Cortes y tenerlos aprobados en los próximos meses.

¿Sin déficit?

El Gobierno sostiene que si el PP bloquea la senda hasta en dos ocasiones en el Senado se volvería a la que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente porque prevé la estabilidad en el caso de las comunidades, de acuerdo a un informe jurídico de la Abogacía del Estado que el Ejecutivo no ha hecho público y cuya existencia pone en duda el PP.

Recoge que el déficit de todas las administraciones públicas sea del tres por ciento en 2024, que baje al 2,7 por ciento de 2025 y al 2,5 por ciento en 2026, tal y como se remitió a Bruselas en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, la previsión es que en 2024 baje al 106,3 por ciento, al 105,4 por ciento en 2025 y al 104,4 por ciento en 2026. Estas cifras son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril.

Por subsectores, las comunidades autónomas situarán su deuda en el 21,7 por ciento en 2024, en el 21 por ciento en 2025 y en un 20,3 por ciento en 2026, y las entidades locales llegarán al 1,4 por ciento en 2024 y al 1,3 por ciento tanto en 2025 como en 2026.