Máxima tensión en el Serla: trabajadores sin cobrar que no hablan, acusaciones, recortes y amenaza de un 155

Un 155 para Castilla y León. Es decir, el famoso artículo de la Constitución española que establece el proceso por el que el Gobierno central podría obligar a una comunidad autónoma a acatar una ley que no quiere aplicar, o si la autonomía va directamente en contra de algún precepto de la carta magna. Esta aplicación es la que ha pedido por escrito y formalmente la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) al Gobierno de España  para que asuma las competencias de mediación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) ante la "insumisión" de la Junta. "La Junta se viene declarando en rebeldía porque no está cumpliendo con sus obligaciones, que es ejecutar la legislación laboral y cumplir con la legislación", aseguran desde los sindicatos.

Pero, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues se trata de una larga historia donde para entender a todos los actores protagonistas, secundarios y antagonistas hay que contextualizar en el tiempo. Porque ahora mismo es un tira y afloja entre acusaciones, amenazas, promesas trabajadores sin cobrar, avisos de cortes de luz , de desalojo por no pagar al casero. Y lo último, según anunciado hoy por los sindicatos es que la compañía de telefonía e internet cortará el suministro si no se abona la factura antes del 3 de marzo.

La Junta, a través de la Consejería de Industria, lo tiene claro, la financiación de 400.000 euros que habrá este año, un 50% menos que hace dos años, tiene que ser suficiente para correr con los gastos. Si se quiere más, tienen que ser los sindicatos u otros organismos los que la ofrezcan.Y los presupuestos presentados el pasado jueves por parte de la Junta lo dejan claro. 400.000 euros, mientras que la Fundación calcula que para este año necesitará 800.000 euros, por lo que para este 2024 habrá de nuevo pérdidas y eso conlleva más problemas y más asfixia, según denuncian los sindicatos.

La Fundación del Serla tiene siete trabajadores y es que se ocupa de mediar en todos los conflictos laborales colectivos y en los individuales, algo que según los sindicatos ahora mismo es imposible.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha intentado contactar con algún trabajador del Serla pero han preferido no hablar. Así, solo tenemos las opiniones de sindicatos y administración.  "Si Castilla y León tiene las transferencias, tiene que garantizar la mediación laboral y solo se puede hacer en el Serla”, dicen los sindicatos. El consejero de Industria, Empleo y Comercio , Mariano Veganzones, asegura que la mediación es "competencia del Ministerio de Trabajo. Lo que tiene que hacer es financiarlo si quiere que lo haga un instrumento "privado" sindicatos-patronal y que lo extienda a toda Castilla y León. No admitimos el "yo invito y tú pagas" del Gobierno”. Y así llevan desde hace varios meses desde que la consejería de Vox decidió reducir la financiación y los sindicatos lo vieron como un ataque directo. En estos momentos existe un recurso al Tribunal Supremo por esta situación.

Desde la Consejería de Industria comunican a este medio que "la Junta de Castilla y León no está obligada a financiar al Serla. Algo que la Justicia avala". Y pone de ejemplo que en la última rueda de prensa de los sindicatos, donde se pidió la aplicación del 155, se presumió de que, pese al "estrangulamiento" del Serla, la fundación ha tramitado "el mayor número de conflictos laborales de sus 25 años de historia", cerca de 5.000 individuales en Valladolid (los servicios de la Junta han resuelto más de 15.000 en el resto de provincias). "Este supuesto hito se ha conseguido con la misma asignación que se les concedió el año pasado, es decir, 400.000 euros que ya están en trámite. Cabe preguntarse, ¿si el año pasado, estando ya estrangulados, según sus términos, batieron su propio récord de tramitación de expedientes individuales, no ha favorecido el ajuste de la Junta a que el Serla se convierta en una herramienta más eficiente?", aseguran fuentes de la consejería.

¿Qué es?

El 30 de septiembre de 1996 tuvo lugar una reunión que cambiaría la forma de ver el Diálogo Social en Castilla y León.  Representantes de la patronal (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León CECALE), la Unión General de Trabajadores – Unión Regional de Castilla y León (UGT) y la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO), suscribían el I Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos laborales en Castilla y León. Era el germen del Serla, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, llegó el 22 de diciembre de 1997, aprobándose también en dicha fecha los estatutos de la misma.

Pues una Fundación, sin fines lucrativos, que se ponía en marcha para el ejercicio de las actividades de interés general de conciliación – mediación y arbitraje, para prestar un servicio de atención a la solución de los conflictos colectivos y, en su caso, plurales o individuales en materia laboral, en beneficio de las empresas y los trabajadores, a través del Servicio Regional de Relaciones Laborales - SERLA -. Posteriormente han llegado tres renovaciones más, 2005 y 2015, pero todo ha cambiado en los dos últimos años. Desde la llegada de Vox a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, hasta el punto de que ahora la situación es límite. Con empleados a los que se les debe nóminas, a punto de cortar luz y con denuncia del arrendatario por no pagar el alquiler, según reconocen los sindicatos. Además de 500 mediaciones sin arreglar por culpa de este parón. Algo que no suena raro porque el director general del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), Julio Cordero, ya advirtió a finales de 2023 del “colapso económico” de la institución en los primeros meses de 2024 e “incluso antes de finalizar el mes de enero”, "si no se adoptan otras decisiones que aumenten los ingresos o minoren los gastos”

Cordero desveló que el Serla solo dispondría en cuenta corriente tras abonar las nóminas y las cotizaciones, sin tener en cuenta sus emolumentos, de 14.380 euros. Las nóminas en diciembre superaron los 26.000 euros con la extra, a lo que habría que sumar el pago del resto de gastos domiciliados, unos 12.000 euros correspondientes a Correos, alquiler de local, servicio de limpieza, electricidad o teléfono, así como de otros pendientes de proveedores externos, más de 7.000 euros.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación?  

El 13 de enero de 2023 saltaba la bomba. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León anunciaba el inicio de los trámites para la disolución de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de la comunidad (SERLA). El consejero Mariano Veganzones tomaba esta decisión tras mantener una reunión con el patronato de la entidad por “el endeudamiento actual y la falta de financiación”. Los sindicatos lo vieron como una venganza y la forma de atacarles y nunca se creyeron esta falta de ingresos, ya que se aprovechó para no meter partida en los presupuestos de 2023 para decir que tenía deuda. Ahí comenzó la guerra con un Veganzones que no ha tenido problemas en decir lo que piensa de los sindicatos, y con unos sindicatos que han hecho lo mismo con el consejero. Ataques, insultos, amenazas…y el Diálogo Social como prisionero de sus cuitas.

Quizás por la presión social, la Junta dio un pasito atrás y posteriormente negó que  el Serla fuera a desaparecer, simplemente se le asignaba menos dinero, pero su funcionamiento iba a ser igual. Algo que según reclaman desde los sindicatos no puede ser así, ya que los agentes sociales insisten en que es una cantidad insuficiente. Una problemática que ha llegado hasta Europa, concretamente hasta Bruselas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) mostró su preocupación, al igual que un informe emitido unánimemente por el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León  hace un año que anunció  “acarrearía importantes desajustes en el sistema de solución autónoma de conflictos laborales en la región”.

Además, el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, también envió requerimientos a la Junta instando a que se mantuvieran las sumas establecidas habitualmente para el Serla, a lo que la Consejería hizo oídos sordos. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se ha declarado incompetente para resolver este caso. Sin embargo, los meses pasan y la Consejería va librando todos los obstáculos y el Serla sigue activo, pero herido de muerte.

Normalmente es semana tras semana, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo el que tiene que lidiar con preguntas sobre el Serla. Y como es habitual en él, saca su muleta e intenta evitar los embistes de los periodistas. Su discurso no ha cambiado desde hace meses en el que defiende que la aportación de la Junta para este año será de 400.000 euros (mismo dinero que el pasado año), y garantiza su funcionamiento. En 2022 se le asignó casi un millón de euros en dos partidas para su correcto funcionamiento. Ahora bien, luego deja la pelota en manos de sindicatos y patronal ya que asegura que “no son incompatibles”, como recogen los estatutos del servicio de mediación, con los que puedan o quieran realizar otras instituciones. Así, ha llegado a afirmar que si requieren más financiación, desde el Serla pueden dirigirse a otras administraciones, incluso llegando a meter en el asunto a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que se ha mostrado muy involucrada con el caso.

Sin mediaciones

UGT y CCOO calculan que el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) no ha podido celebrar 500 mediaciones por los recortes de la Junta de Castilla y León; 500 trabajadores que “o bien han sido despedidos o han planteado otros conflictos con sus empresas que tendrán que recurrir a los juzgados a pesar de que el servicio de mediación es obligatorio”. “Esto significa que todos esos trabajadores y empresarios tendrán que realizar un desembolso por las costas judiciales, mientras que el Serla es gratuito, y tardarán un tiempo indeterminado a resolver sus problemas porque frente a la agilidad del servicio de mediación, los tribunales son mucho más lentos”, han alertado los sindicatos.

Por su parte, para la Consejería de Industria, estos expedientes, que son los que desde la Fundación Serla, aseguran que se van a quedar sin mediación, pueden ser asumidos perfectamente por las OTT (Oficinas Territoriales de Trabajo) de la Junta, dependientes de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. "Para ello, el Serla tiene que querer derivar los expedientes a las OTT, pero están más preocupados por garantizar su existencia que por defender los derechos de los trabajadores. "De esta forma, la financiación o no de fundaciones como el Serla, se considera que se trata de una cuestión del ámbito de la autoorganización de la administración, que debe supervisar el uso razonable de los recursos públicos", puntualizan.

Su página web es otro reflejo del abandono que está viviendo el Serla con secciones de estadísticas que no se actualizan desde hace cuatro años. “Me quedo con lo positivo, el Serla sigue funcionando, no hemos rebajado la aportación respecto a 2023, y garantizamos su funcionamiento”, son palabras de la Junta.

Un drama con efectos colaterales que aún sigue coleando y que tendrá más episodios en la próxima semana.