El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, ha reclamado al Gobierno de España los 5.137 millones de euros que "debe" a Castilla y León "desde que se aprobó el último sistema de financiación autonómica". Una cantidad que, según ha desvelado, "valdría para más de una legislatura en materia de Educación".
"Tenemos todo el derecho porque tenemos la mejor educación de España y no nos merecemos un trato discriminatorio como el que estamos recibiendo por parte del Gobierno", ha afirmado el secretario.
Lo ha hecho en la tarde de este lunes en Segovia, en el marco de la celebración del Foro autonómico sobre Políticas Educativas en Castilla y León y su contribución a la Sostenibilidad Rural, donde también ha asegurado que la Comunidad gasta el 81% de sus recursos en Políticas Sociales, Educación, Sanidad y Servicios Sociales y Dependencia
Asimismo, Vázquez ha manifestado que si por algo destaca la región es por su "educación pública de calidad", algo “histórico” reflejado en el Informe Pisa, donde la Castilla y León "ha quedado la primera entre todas las autonomías de España”.
En este sentido, ha puesto en valor la capacidad de la Junta de conseguir una educación de calidad "con menos recursos de los que nos pertenecen, porque nos los escatima el Gobierno central para dárselos a otras comunidades".
Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, que también ha estado presente en el encuentro, ha centrado su intervención en la educación y la sostenibilidad, lo que para ella es hablar de "dos binomios que ponen de manifiesto la trascendencia que tiene la educación para el desarrollo de nuestro territorio".
La consejera también ha señalado que "cuando apuestas por la Formación Profesional, mejoras la retención del talento, la empleabilidad y la apuesta por el crecimiento de las empresas", al tiempo que ha destacado la apuesta de la Junta por el transporte escolar, la igualdad de oportunidades y la equidad educativa.
Finalmente, Lucas ha subrayado que la Educación "es un motor de desarrollo en el crecimiento de la sociedad", que ahora el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco pone a disposición de otras comunidades autónomas y del Gobierno de España "para, entre todos, luchar contra el fracaso que ha determinado el informe Pisa".