La lacra no parece tener fin y lejos de ver la luz en el túnel, entre decisiones políticas, sociales y judiciales, el agujero se va haciendo más negro. El número de víctimas de violencia de género en Castilla y León durante el año 2023 fue de 6.353, lo que significa un aumento del 12,1% respecto de las 5.642 registradas el año anterior, según los datos anuales que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos.

Los órganos judiciales de la Comunidad recibieron 6.353 denuncias (una mujer puede poner diferentes denuncias) por violencia de género en los 12 meses correspondientes al periodo analizado. Esta cifra supone un incremento del 12,6% respecto de los mismos datos de 2022, año en el que se registraron 5.665 denuncias. O lo que es lo mismo, una media diaria de 15. Una barbaridad que no se puede negar.  

Son datos que invitan poco al optimismo y mucho a la reflexión por parte de las instituciones sobre todo después de una ley puesta en marcha por el Gobierno que no está frenando esta lacra. Sin embargo, si de estos fríos datos se puede sacar algo positivo en Castilla y León es, que pese a este preocupante aumento, la Comunidad continúa manteniendo la tasa más baja de España con 52,5 casos por cada 10.000 mujeres, frente a la media del conjunto de España, que fue de 79,4.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8 casos; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9. Las tasas más bajas, además de n Castilla y León, se contabilizaron en Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.

El informe refleja que de estas 6.353 víctimas en Castilla y León 4.366 son de nacionalidad española y 1.987 extranjeras, pero en este caso llama la atención el aumento del 24,7% que ha sufrido este colectivo en el último año, frente al solo 7,8% que ha correspondido a las mujeres nacionales. Un 31,3% de las denuncias ya es de mujeres extranjeras, pero claro, hay que entender que su población en Castilla y León es muy inferior que la de españolas, ya que hay 1.214.573 mujeres nacionales frente a poco más de 74.600 extranjeras.

Más datos de esta cruda realidad es que el pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) de Castilla y León en procesos relativos a violencia de género aumentó más de tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 88,5 % del total, porcentaje que a nivel nacional fue del 80,6%.

Órdenes de protección

Una de las herramientas que las mujeres tienen para poder defenderse es las órdenes de protección solicitadas por los jueces. El pasado año se pidieron 1.858 órdenes de protección. De ellas, fueron aprobadas 1.410, un 13,3% más que en 2022 y se denegaron 445, un 5,6% más que en el año anterior.

De las 739 personas enjuiciadas en 2023, un total de 479 fueron condenados españoles, lo que supone un 17,7% más, mientras que 175 fueron condenados extranjeros, o lo que es lo mismo un 40% más.

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, puso en valor la importancia del elevado porcentaje de condenas de las sentencias dictadas por los órganos judiciales, que alcanzó un nuevo máximo histórico anual al situarse en el 80,64 por ciento.

Carmona explicó que el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas contengan un fallo condenatorio es un claro síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas va mejorando cada día. Es decir, la maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia.

La presidenta del Observatorio recalcó que la capacidad de reunir el material probatorio necesario para alcanzar un fallo condenatorio se hace siempre, y en cualquier caso, con el máximo rigor en la protección de todos los derechos que asisten al investigado. “Que haya un mayor porcentaje de fallos condenatorios implica que no hay impunidad en estos delitos y que la credibilidad de la víctima en su declaración se valora siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añadió.

Carmona insistió en la necesidad de mantener los altos niveles de formación y profesionalidad de quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a la víctima. “El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios, por lo que hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia”, destacó.