La nueva Ley de Concordia de CyL reconoce a todas las víctimas desde 1931: “Un texto sin ideologías que no divide”

Partido Popular y Vox han presentado esta mañana de forma conjunta el texto para el comienzo de la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley  de Concordia en Castilla y León, que llega para retirar la de Memoria Histórica, una exigencia de Vox impuesta para apoyar al PP para formar gobierno en la Junta y que se pone en marcha dos años después del pacto de gobernabilidad. Un “eje” que había sido tema de enfrentamientos entre los dos socios por la tardanza en llegar.

Tal y como adelantó este lunes EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la proposición de ley sigue la senda puesta en marcha desde la Comunidad Valenciana y se pone en marcha “para honrar y proteger” la historia de España desde el año 1931, es decir, la proclamación de la Segunda República Española, hasta 1978, “un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales”. El eje tercero del acuerdo entre PP y Vox recoge la esencia de la ley “Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”.

Así, la nueva Ley de Concordia Democrática de Castilla y León que sustituirá la de Memoria Histórica aprobada por Juan Vicente Herrera incluye a "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931". Esta nueva norma otorga el mismo régimen de protección y de reconocimiento a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo" que a las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco, aunque es cierto que la palabra ‘dictadura’ no aparece en ningún momento en el texto de la ley.

Eso sí, el portavoz del grupo parlamentario popular, Raúl de la Hoz, ha querido aclarar que en ningún caso “no estamos equiparando la Segunda República con la dictadura”, “no comparamos momentos históricos ni situaciones políticas, sino que se rechaza cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de quien, cuando y donde”. Para el portavoz del grupo Vox, Carlos Menéndez, se coge estos periodos porque creen que “están interrelacionados historiográficamente” y donde hay víctimas en ambos periodos.

Para Menéndez, no es cuestión de hablar "si Vox ha cedido o no", ha dado importancia a que se ha llegado a un acuerdo con PP para hacer "una buena ley", a "un texto sin ideolgoias, que no divide y que respesta a todas las víctimas, donde se da el mismo trato a todas las víctimas", ha asegurado y que sirve para terminar "con una visión sesgada, y con visiones que intentan ofrecer una versión oficial de la historia, algo que es incompatible con una democracia", en alusión al texto del Gobierno nacional sobre la Ley de Democracia.

En el tema de mapas de fosas y de recuperación de las personas desaparecidas, el texto no modifica nada y apuesta por seguir "elaborando y actualizando" a disposición de los interesados mapas de fosas. Además, seguirán apoyando económicamente a asociaciones que luchan por reconocer la Memoria Histórica. En el reconocimiento de las víctimas, se contempla la elaboración, actualización y puesta a disposición de los interesados de un mapa de fosas y se establece como un derecho subjetivo la recuperación de las personas desaparecidas. “Toda víctima tiene derecho a la investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos”, recoge textualmente el artículo octavo de la norma.

Eso sí, hay una novedad ya que la Comisión de Exhumaciones que antes solo tenía vocación de informar, ahora también decidirá en cuestiones. Esta comisión está formada por "la persona titular del órgano directivo central que ostente la competencia en la materia" y como vocales, un empleado público, tres técnicos de la Consjería competente, dos represantantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla  León.

Se mantiene la cooperación con las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro a los efectos de las autorizaciones para las exhumaciones, que contarán, como hasta ahora, con ayudas de la Junta, garantizó el portavoz popular. Como novedad, se crea la Comisión de Exhumaciones que tendrá un carácter resolutivo de los expedientes con criterios técnicos. La Administración de Castilla y León promoverá y facilitará todas las actividades dirigidas a la recuperación de restos de víctimas, tales como la investigación histórica y estudio documental, la indagación y recogida de testimonios personales, la prospección y búsqueda sobre el terreno, la exhumación de los restos, el estudio antropológico forense, el análisis genético y comparativa de ADN o la preservación y restitución a los familiares de los hallazgos encontrados.

Sin miedo al Gobierno central

Asimismo, tanto de la Hoz como Menéndez han asegurado que este texto "se ajusta a lo establecido en la Constitución" por lo que no creen que ocurra como ha pasado en la Comunidad Valenciana donde el Gobierno ha asegurado que mirará con lupa esta norma. "Tenemos toda la seguridad. El texto en Valencia es más amplio y aquí ya están reguladas mucho de lo que se dice", ha asegurado De la Hoz.

Una norma que se hará desde las Cortes a pesar de que estaba en el ámbito de la Junta que en junio de 2022 comunicó que se iniciaba su tramitación, para fortalecer las medidas a través de una ley, se hace así porque “tiene más sentido” en relación con el contenido del acuerdo suscrito entre ambos partido, ha apuntado el portavoz popular. 

Una vez registrada en las Cortes, ahora la intención es que siga su curso legal y que sea una realidad antes de finalizar el actual periodo de sesiones, es decir, antes de junio.

Así se dívide la ley

El Título I recoge el objeto y finalidad de la misma y sus principios generales, así como la concreción del régimen jurídico autonómico de las obligaciones que le son propias.

El Título II, contiene las medidas que adopta la Administración de la Comunidad de Castilla y León para su desarrollo, incidiendo en la necesidad de difundir los valores, libertades y derechos constitucionales desde sus orígenes a la actualidad, lo que constituye también una clara apuesta de convivencia para el futuro.

En este Título se recoge y reconoce el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y se establecen los instrumentos jurídicos necesarios a tal fin, como son el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico.

Por su parte, el Título III se refiere a todo el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

El Título IV, por último, recoge la regulación de la Comisión de Exhumaciones como órgano colegiado, con funciones resolutorias de los expedientes en base a criterios estrictamente técnicos.