La Alianza UPA-COAG denuncia la extrema carga burocrática que deben asumir los ganaderos de Castilla y León y que cada día crece más sin que se dé una solución  a un problema endémico que llevamos denunciando desde hace tiempo. En su opinión, "son muchas las gestiones que se ven obligados a realizar los productores como la nueva norma o la decisión adoptada en relación a la recogida de cadáveres, donde ya no expiden el resguardo del animal retirado necesario para actualizar el libro de registro de explotaciones. Esto supone un quebranto para no pocos ganaderos que se ven obligados a descargarse o a imprimir informes desde sus propios terminales tecnológicos, siendo esta tarea prácticamente imposible en algunos casos".

La organización reclama a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León que comprendan la situación, que se pongan en el lugar de los ciudadanos que no pueden realizar determinadas tareas y que serían muy sencillas de cumplimentar por parte de los funcionarios públicos de las unidades veterinarias que darían así un servicio vital a los ganaderos.

Otros problemas de calado administrativo que siguen sufriendo los profesionales del sector son los de las guías y movimientos de ganado, o los inconvenientes de tener que contar de forma permanente y diaria con el veterinario de clínica, de reproducción, de calidad y que obliga a los profesionales del sector a dedicarle más tiempo “al papeleo” y a la gestión que al cuidado de sus animales.

Lo cierto es que la ganadería sufre hoy exigencias normativas que dificultan el trabajo de miles de explotaciones que se encuentran en zonas especialmente desfavorecidas y de montaña. Lo que podrían parecer simples  tramitaciones electrónicas se convierten en problemas diarios con numerosas gestiones en zonas donde la tecnología en forma de internet no ha llegado aún o lo hace con enormes problemas.

La Alianza UPA-COAG recuerda que son las explotaciones pequeñas y medianas, gestionadas por autónomos y que suelen ser negocios familiares, los que más sufren esta situación. En este sentido, exigimos que se aplique el sentido común ante tantas  imposiciones y obligaciones que duplican el papeleo sin aportar beneficios reales, y que son un problema especialmente para las granjas familiares.  En este sentido, la propia Administración autonómica, a través de las unidades veterinarias o secciones agrarias comarcales, deberían asumir la tramitación de infinidad de gestiones administrativas.

La ganadería de Castilla y León sufre una fuerte crisis que ha provocado miles de cierres de explotaciones vacunas, ovinas y caprinas debido no solo a una fuerte reestructuración sino también por una grave falta de relevo generacional por las enormes dificultades que afronta esta actividad, y que es un problema sobre el que los ganaderos llevamos advirtiendo en los últimos meses con tantos actos de protesta en la calle.

“Castilla y León no puede permitirse perder más ganaderos y ganaderas, por lo que reclamamos un plan de apoyo a la ganadería que racionalice las normativas y que proteja  a esta profesión, absolutamente imprescindible para la soberanía alimentaria de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país”, recordamos desde la Alianza UPA-COAG.