El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea ha presentado este lunes un recurso de reposición ante la Mesa de la Cámara solicitando que se revoque el acuerdo en el que se decidió, el pasado jueves y a iniciativa de Vox, retirarle la dedicación exclusiva y el sueldo en aplicación del Pacto Antitransfuguismo por su expulsión de Ciudadanos. Además, ha advertido de que si no se revoca la decisión en un plazo máximo de tres meses acudirá al Tribunal Constitucional.

"Lo que está haciendo este acuerdo es vulnerar un derecho constitucional, un derecho de representación, y hay sentencias suficientes para afirmar esto", ha afirmado, asegurando que su objetivo es "defender la Constitución en las Cortes". Igea ha recordado que el Pacto Antitransfuguismo es "un pacto entre partidos" y que "no tiene carácter normativo" y ha considerado que la decisión de retirarle la dedicación exclusiva "es fundamentalmente arbitraria".

Igea ha recordado que la decisión salió adelante con el voto de calidad del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, de quien ha señalado su "parcialidad". "Esta decisión la toma con su voto de calidad quien de manera reiterada se ha negado a ejercer sus funciones y ha mostrado un hostilidad y una parcialidad evidente contra este parlamentario", ha afirmado, detallando que "se niega" a la tramitación de la Ley de Derechos y Garantías y que sus solicitudes de comparecencia "no son atendidas".

También ha denunciado que el informe en el que se basa la decisión es "bastante sonrojante" y que fue realizado por un Letrado Mayor "que ha pasado directamente de asesor de Gabinete de Almeida a Letrado de las Cortes y que ha sido compañero de pupitre del vicepresidente" lo cual, a su juicio, "indica esa parcialidad". "Por esta razón hemos solicitado esa reconsideración y las actas de la Mesa de las Cortes y espero que esa respuesta sea positiva y no nos veamos obligados a tomar otra determinación", ha afirmado.

Igea ha asegurado que lo que se plantea en las Cortes va más allá de un reparto de asignaciones, y que se trata "de defender el derecho de los ciudadanos a la representación parlamentaria eficaz" y "a poder tener el portavoz que ellos eligieron con el programa y propuestas que ellos eligieron y no tener un títere de la voluntad de un partido político". Por último, ha detallado que si en el plazo de tres meses no se revoca la decisión presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional aunque ha confiado en que "se tome la decisión más sensata, que es la de revocar ese acuerdo".