Sorpresa en el juicio por la Perla Negra. El Ministerio Fiscal y la acusación popular, que en este caso está ejercida por el Partido Socialista, han retirado hoy las acusaciones contra el empresario Alberto Esgueva, exdirector de internacionalización de la Agenda de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE), en el juicio por el ‘caso Perla Negra, que ahora se aplaza hasta el 6 de mayo cuando las partes presentarán las calificaciones definitivas.

Este empresario estaba acusado de delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias y se enfrenta a una pena de seis años, mientras que la acusación popular pedía 34 años de cárcel y 105 de inhabilitación, además de una multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial. Sin embargo, al retirarse de la fase de instrucción una parte del caso, la acusación contra Esgueva queda sin sentido.

En su declaración ante el tribunal, Alberto Esgueva negó cualquier relación profesional con Martín Giraldo, y aseguró que no tuvo ninguna relación con Urban Proyecta cuando se decidió la operación del edificio de Arroyo ni en la compra de parcelas del malogrado polígono industrial de Portillo. Además, indicó que en el año 2003 vendió su participación en San Cayetano y en 2006 se marchó a vivir fuera de España. Su letrado ha anunciado que pedirá expresa imposición de costas contra la acusación popular “por temeridad y mala fe”.

A excepción del caso de Alberto Esgueva, la Fiscalía ha elevado a definitiva el resto de sus conclusiones y sostiene que el estudio de arquitectos Lamela tuvo a su disposición el pliego de condiciones para el alquiler, con opción de compra, de un edificio de oficinas, que fue remitido por correo electrónico por Ángel Román Montes, gerente de Urban Proyecta, con anterioridad a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La fiscal también sostiene que el 19 de julio de 2006 Gesturcal, representada por su consejero delegado, Juan Carlos Sacristán, y Urban Proyecta, representada por German José Martín Giraldo firmaron el contrato de alquiler del edificio de Arroyo sin que el consejo de administración de Gesturcal hubiera tenido a su disposición un informe al respecto que se había requerido.