La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el conocido como 'caso Koldo', en el que se investiga la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, con el que fuera asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como máximo responsable.
Tal y como ha desvelado EL ESPAÑOL, el fiscal Luis Pastor ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que cite como investigados al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez; al alto cargo de ADIF, Michaux Miranda; y al ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.
Desde el Partido Popular de Valladolid han recordado que Jesús Manuel Gómez es el actual número tres del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente. Por ello acusan al que fuer alcalde de Valladolid de "sostener la corrupción" del Ministerio de Transportes.
El escrito del fiscal fue presentado un día antes de que la Fiscalía Europea decidiera asumir la investigación del caso, una decisión a la que se opondrá Anticorrupción, según informaron fuentes jurídicas a EFE. En caso de que el juez tampoco esté de acuerdo con que la Fiscalía Europea asuma la causa, puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que este decida quién debe investigar el caso.
La Fiscalía Europea pretende "investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", según informó en un comunicado, entendiendo que todo ello responde a una misma presunta organización criminal y debe ser analizado en su conjunto.
La investigación de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea en Madrid comenzó el pasado 4 de marzo una investigación sobre un posible fraude en los contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y Canarias a la empresa Soluciones de Gestión para la adquisición de equipos médicos, incluidas mascarillas, durante la pandemia.
Al descubrir que Ismael Moreno ya estaba investigando contratos con esta misma empresa, y dado que uno de ellos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para decidir si ejercía su derecho de avocación, como finalmente ha sido.
Una vez que el juez reciba el informe de Anticorrupción, tomará una decisión. Si se opone a la pretensión de la Fiscalía Europea, el magistrado podría plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el encargado de decidir quién debe llevar el caso según la normativa que regula en España a la Fiscalía Europea.