El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) enfocada en el conflicto del Sáhara Occidental, solicitando el respaldo al pueblo saharaui y el reconocimiento del "expolio" de sus recursos naturales, a pesar de las sentencias emitidas "por parte del Gobierno de Marruecos".

Un escrito con el que se desmarcan de la línea nacional de su propio partido, ya que Pedro Sánchez cambió radicalmente de posición en marzo de 2022 defendiendo el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Cabe recordar que el presidente del Gobierno reconoció este plan como así exigía Rabat, admitiendo que ese proyecto era "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.

La PNL, presentada por Miguel Hernández, procurador socialista en las Cortes por Ávila, también urge a reconocer al Sáhara Occidental como un "territorio no autónomo", sujeto al Derecho Internacional y que "nunca" ha pertenecido al Reino de Marruecos, así como demanda el "cese de la ocupación ilegal" para permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Petición que sorprende sobremanera por la postura que Sánchez adoptó en su día.

El Grupo Socialista presentaba esta PNL "derivada" de la reunión de intergrupos celebrada en enero en Vitoria, donde insta al Gobierno de España, gobernado por Pedro Sánchez, a exigir al Reino de Marruecos la "inmediata" liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis, así como poner fin a las "violaciones" de derechos humanos en las cárceles.

Además, la iniciativa propone aumentar el apoyo económico y de cooperación tanto a los refugiados en los campamentos de Tinduf como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados.

En otro punto, los socialistas de Castilla y León piden al Gobierno de España que solicite a las Naciones Unidas la promoción "sin más dilación" de una solución "justa" y "definitiva" al conflicto, a través de la implementación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración de un referéndum. También se exhorta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a designar un relator especial para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

Finalmente, se hace un llamamiento al Gobierno de Mañueco para que continúe financiando el programa 'Vacaciones en paz', destacado como "máximo exponente "de solidaridad y cariño entre las familias saharauis y las de Castilla y León.

El Partido Popular presentó una PNL igual en mayo

El pasado 22 de mayo, las Cortes de Castilla y León ya aprobaron una Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular, en la que se exigía al Gobierno de España que tomara medidas respecto al conflicto del Sahara Occidental, en la misma línea que ahora apuntan los socialistas.

Esta iniciativa también subrayaba la importancia de mantener el apoyo económico y solidario a los proyectos de las ONGs destinados a la población refugiada en los campamentos de Tinduf y a los saharauis en los territorios ocupados.

Entre los puntos clave de la Proposición no de Ley se encontraba también instar al Gobierno de España a exigir al Reino de Marruecos "la liberación inmediata" de los presos políticos y de conciencia saharauis, garantizando su integridad física y psicológica, y poner fin a las violaciones de derechos humanos en las prisiones bajo su control. Casi calcado a la propuesta que ahora hace el PSOECyL.

Igualmente, el PP solicitaba al Gobierno de España que gestione ante la ONU la ampliación de las funciones de la MINURSO para que pueda "vigilar y salvaguardar" los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados; y urgir al Gobierno de España a avanzar hacia el reconocimiento diplomático de la Representación del Frente Polisario en España, "como único representante legítimo del pueblo saharaui reconocido por la ONU".

Los populares demandaban en su escrito al Gobierno de España que promoviera ante la ONU la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación, "como solución justa y definitiva" al conflicto del Sahara Occidental; y pedir al Gobierno de España que "haga públicos los acuerdos" con Marruecos, que provocaron el cambio en "el histórico apoyo de España a la causa saharaui".

Y, finalmente, pedían revocar el respaldo unilateral al plan de autonomía propuesto por Marruecos y volver a una posición de neutralidad "para facilitar un acuerdo entre las partes".