En un 20% de los asuntos de justicia gratuita tramitados en Castilla y León por abogados del turno de oficio, los letrados que han llevado el caso, por obligación, no reciben ningún tipo de compensación económica por prestar el servicio esencial. O lo que es lo mismo, tan solo en el 80% de los asuntos tramitados, se reconoce la justicia gratuita y los abogados que los llevan son retribuidos por su trabajo. En el porcentaje restante, esta se deniega o se archiva por falta de forma, lo que supone que "el abogado no percibe ni un solo euro por su labor". 

"Son más de 800 casos este semestre, lo que implica que cada día se quedan sin abonar cuatro asuntos en Valladolid a los letrados que han prestado este servicio esencial". Así lo han dado a conocer en la mañana de este lunes Javier Martín, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (Icava) y Fernando Rosat, responsable del turno de oficio en la junta de Gobierno del Icava. 

Ambos han presentado los datos de Valladolid del observatorio de justicia gratuita publicados este miércoles, con motivo de la celebración del día de la justicia gratuita que se celebra este 12 de julio en todo el país. Lo han hecho en un encuentro en el que también han aclarado que, en su caso, ese mismo día se concentrarán a las puertas de los juzgados de la calle Angustias de Valladolid. Si bien, también hay previstas movilizaciones en el resto de provincias de la región.

En dichas concentraciones, los abogados del turno de oficio reivindicarán mejoras en sus condiciones laborales, garantía de cobro profesional, así como que se reconozca la labor de todos aquellos abogados que prestan servicio día tras día, "pese a las condiciones económicas tan deficitarias a las que se enfrentan", ha explicado Martín. 

Este, a su vez, ha denunciado que, los casos que si les reportan retribuciones económicas, estas son bastante bajas, ya que los baremos llevan desde 2018 sin actualizarse, ni siquiera conforme al coste de la vida. 

De este modo, ha explicado que en las concentraciones del viernes también solicitarán la actualización de dichos baremos y, con ello, el correspondiente incremento de la retribución que pueda acarrear el coste del servicio que se presta. 

"Cobramos conforme al baremo establecido por el reglamento que regula la asistencia judicial gratuita. El problema es que esos baremos están desactualizados. Ese desfase puede estar en 10 veces menos de lo que percibe un abogado en un despacho particular. La media de este año son 151 euros por expediente", han explicado los abogados. Esto supone un ligero incremento de algo menos de tres euros con respecto a 2022, pero "insuficiente" en cualquier caso, ya que "continúa muy por debajo de la que se maneja en los despachos". 

Más allá de revelar que la nueva ley de Justicia Gratuita ya está en marcha, Martín y Rosat también han destacado que el número de abogados adscritos al turno de oficio ha seguido bajando en la Comunidad en 2023 por sexto año consecutivo. Actualmente, son un total de 1.892, un 1,1% menos que el ejercicio anterior, lo que supone que cuatro de cada diez forman parte del turno. 

Atendiendo a las provincias, siete de ellas han registrado bajadas, siendo Segovia la que ha sufrido la más fuerte (9,5%). Por su parte, el turno de oficio de Valladolid ha perdido un 7% de abogados en los últimos seis meses. 

Y es que, tal y como han aclarado el decano y el responsable del turno, en la mayoría de los casos esto se debe al hartazgo de los profesionales por las condiciones de los abogados del turno y la falta de relevo generacional. "Lo que más indigna es saber que se van a tener que llevar procedimientos judiciales por obligación y sin cobrar nada", han añadido. 

Aun así, según han confirmado, "de momento no se necesitan más de los que hay". "No estamos en riesgo de que no se pueda prestar servicio", han revelado. 

Asuntos de Justicia Gratuita en datos

En base a los datos presentados por Martín y Rosat, cabe destacar que los expedientes de justicia gratuita cayeron un 7,5% en 2023 en Castilla y León, a causa de las huelgas judiciales, con un total de 33.922 asuntos atendidos. 

Salamanca fue la provincia que registró una mayor caída en el número de solicitudes de justicia gratuita, con un descenso del 18,6%. Le siguen León, con una caída del 16,9% en 2023, Valladolid (14,3%), Ávila (13,1%) y Segovia (11,4%). Los descensos fueron mucho menos significativos en Soria (3,4%) y Burgos (0,6%), mientras que, por su parte, Palencia y León son las únicas dos provincias que tramitaron en 2023 un número de expedientes mayor que el del año anterior, con subidas del 20,4% para Palencia y del 6,1% para León.

Del total de casos tramitados, 19.706 fueron penales, 7.091 civiles, 1.350 contencioso administrativos, 1.945 sociales y 3.821 los que suman los militares, recursos y procedimientos en vía administrativa, entre otros.

Los asuntos civiles fueron los que más se redujeron en el último año, con una caída del 16%. Por el contrario, llama la atención que los asuntos de violencia de género aumentasen un 14%, alcanzando los 2.542 casos. 

Todas las provincias sin excepción aumentaron sus cifras en relación a este campo. El incremento más acusado lo anotó Ávila, con una subida del 39,3%. También fuerte, pero algo más lejos, le siguen Burgos (24,1%), Palencia (18,8%), Zamora (17%), Segovia (14,2%) y Valladolid (11,4%).

Por el contrario, las subidas más suaves las experimentaron Salamanca (6,2%), León (4,3%) y Soria, con un 1,3%.

Valladolid

Javier Martín, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (Icava) y Fernando Rosat, responsable del turno de oficio en la Junta de Gobierno del Icava, se han centrado también en los datos referentes a este primer semestre de 2024 en Valladolid. 

De este modo, han afirmado que los asuntos de justifica gratuita tramitados por el Icava han subido un 19%, recuperando así el ritmo tras las huelgas en los juzgados, con 4.161 expedientes.

La jurisdicción penal, que acumula más de 2.600 asuntos, supone un 65% de los expedientes de justicia gratuita tramitados en Valladolid. Y es que, de todos ellos, una quinta parte son asuntos relacionados con violencia de género. 

Esta, por su parte, acumula 502 expedientes, una cifra que vuelve a repuntar, subiendo un 7,5% y superando por primera vez el medio millar de casos. 

"Las víctimas tienen más interiorizada la información sobre cómo acceder a presentar la denuncia y la seguridad que les da estar acompañadas por profesionales que las asisten en todo momento", ha apuntado Rosat. 

Además, la reactivación de la actividad tras la pandemia explica el crecimiento del 25,6% en los asuntos civiles, con un total de 1.019 solicitudes atendidas; mientras que los expedientes de etranjería han caído un 38%, regresando a niveles habituales tras el pico alcanzado en 2023, "por el atasco en otras provincias". 

Los casos relacionados con la jurisdicción social, representan un 5% del total y la mayoría de ellos están relacionados con reclamaciones laborales. 

El resto de jurisdicciones han experimentado una caída del número de asuntos tramitados en la primera mitad del año. Por su parte, los asuntos contencioso-administrativos prácticamente se mantienen con una reducción del 2% y un total de 144 solicitudes atendidas.