El nuevo consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, anunció hoy, tras tomar posesión del cargo este lunes, continuidad en el proyecto y líneas marcadas en este departamento y exigencia y reivindicación al Gobierno con las infraestructuras pendientes desde la lealtad institucional.
Sanz Merino, hasta ahora delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, manifestó en sus primeras declaraciones a Ical tras jurar el cargo que afronta en el plano personal “con mucha ilusión y con responsabilidad” este cometido por “la confianza” expresada en su persona por parte del presidente de la Junta.
Desde el punto de vista político, también significó “el ánimo y responsabilidad” para llegar a la práctica los retos de este departamento que pasan por la digitalización tanto de la administración, como el transporte y de las carreteras con medidas que mejoren la seguridad de los usuarios.
Por otro lado, se refirió a la reivindicación al Gobierno central de infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias, que ya están demandadas, pero afirmó que siempre desde la lealtad institucional que será la relación con el ministro del ramo, Óscar Puente, en una línea igualmente de continuidad con la seguida por María González Corral.
Su objetivo, como explicó, es ser “útil” a las personas de la Comunidad y hacer una “Castilla y León más moderna y pionera”, donde se refirió expresamente al transporte. “La continuidad está asegurada, estamos comprometidos con el presidente de la Junta”, afirmó.
En relación a proyectos concretos en los que vaya a avanzar a corto plazo, manifestó que acaba de “tomar tierra” y habrá tiempo para plantear las estrategias, aunque incidió en la digitalización como uno de los “retos fundamentales” de este departamento, así como en “profundizar” en el transporte metropolitano una vez iniciado en León y Valladolid.
A los grupos de las Cortes de Castilla y León, donde fue procurador y portavoz en la Comisión de la Presidencia, ofreció lealtad y disponibilidad para facilitar la información que demanden y para valorar las aportaciones y sugerencias que realicen, desde la “normalidad institucional”, que estimó que es “lo que quieren los ciudadanos”.