Los grupos de PP y Vox mantuvieron hoy la unidad en las Cortes de Castilla y León, pese a que el segundo ha dejado la Junta para pasar a la oposición, y juntaron sus votos para aprobar sin fisuras el dictamen de la proposición de ley y por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, que se aprobará finalmente en pleno ya a partir de septiembre.

En la primera sesión parlamentaria después de la ruptura del pacto de gobierno, ambos actuaron como cuando eran socios al rechazar las 72 enmiendas debatidas del PSOE, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto (Francisco Igea), con la aceptación de una única enmienda socialista y tres de los sorianistas.

El portavoz popular en la Comisión, Miguel Ángel García Nieto, aplicó el ‘rodillo’ al defender que esta ley, prometida en campaña electoral por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “solo puede mejorar lo que hay, nunca retroceder” y recalcar que “fija un suelo mínimo” en centros escolares y sanitarios y en prestaciones.

La oposición en bloque criticó que es “un brindis al sol”, una “gran estafa” a los ciudadanos que “no blinda nada” en la que no se corrigen lagunas y deficiencias ni hay un compromiso de mejora de lo existente, que solo se trata de mantener.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de la Presidencia se aprobó el dictamen de la proposición de ley con diez votos a favor de PP y Vox y ocho en contra de los tres grupos de la oposición. Vox no intervino para fijar posición o explicar el sentido del voto y se limitó a votar a mano alzada. El PP volvió a dejar sin réplica a Francisco Igea, como hace en los últimos meses.

Propaganda y brindis al sol

El socialista Diego Moreno reconoció la existencia de diálogo en la Ponencia pero lamentó la falta de acuerdo al aceptarse solo una de 14 enmiendas presentadas y argumentó que es “una ley de pura propaganda y un brindis al sol que nada cambiara”, sin recuperar servicios.

“Tendremos en el mejor de los casos los mismos servicios con las mismas deficiencias”, aseveró, convencido de que no habrá consecuencias para la administración si se incumple con un servicio. “Solo se garantiza lo que hay”, sentenció.

De las enmiendas de su grupo, reseñó que haya médico y enfermera en un consultorio rural, garantizar en 48 horas la cita en Atención Primaria para no tener que acudir a las guardias o urgencias, facilitar el transporte de los profesionales para que no sea en vehículo propio y aprobar una ley de plazos máximos para ser atendido tanto en atención primaria como en atención especializada.

En el ámbito de la educación, el también socialista Jesús Guerreros pidió regular los estudios obligatorios que existen en las zonas rurales y periféricas de la Comunidad Autónoma, ante el riesgo de desaparición institutos de enseñanza secundaria obligatoria (IESO) por la pérdida de población.

En la réplica, el popular Miguel Ángel García Nieto afirmó que es una norma sencilla pero necesaria, por lo que rechazó que sea “un brindis al sol”, afeó a la oposición que trate en sus enmiendas de “colar propuestas” ya desestimadas y subrayó que su objeto es garantizar en el territorio los servicios esenciales de educación, sanidad y dependencia prestados por la Junta. “Fija un suelo mínimo, es política útil”, apostilló.

García Nieto respondió con que Castilla y León cuenta, conforme a los informes externos, con uno de los mejores servicios de sanidad con el mejor ratio de médicos y de consultorios en el territorio, lo mismo se refirió a la educación y servicios sociales. “Lo que asegura esta ley es que los servicios solo puedan mejorar lo que hay, nunca retroceder”, aseguró. “Sencillez y eficacia, poca floritura”, calificó.

Si se cierra una escuela, no se abre

José Ramón García (UPL), en 18 enmiendas, confió en que la norma sirva para corregir desequilibrios territoriales pero recordó los problemas de falta de profesionales sanitarios, en especial en las zonas periféricas que no son atractivas, insistió en las diferencias de servicios entre lo rural y lo urbano y subrayó que la falta de pediatra en la mitad de los consultorios dificulta que se asiente una familia en el mundo rural.

El leonesista demandó más recursos en las zonas rurales tanto en sanidad como en educación y subrayó que para fijar población “no se puede cerrar una escuela porque no se abre”. “Hay muchas deficiencias aunque se quiera maquillar”, anotó, a la vez que lamentó que ninguna de sus enmiendas tenga encaje para el PP.

Inmaculada Ranedo (PP) desestimó las enmiendas con los mismos argumentos de su compañero en el sentido de que se trata de mantener la calidad de lo existente, “que es mucha”, para no ir para atrás, y explicó que la mayoría de las propuestas leonesistas no coinciden con el objeto de la ley, por lo que se han rechazado, si bien tampoco compartió “la visión catastrofista” presentada por el procurador de UPL. “Las deficiencias son puntuales no generales del sistema”, resumió.

“Sí siguen con el discurso de que todo es maravilloso no se van a solucionar los problemas”, rebatió José Ramón García, mientras que Ranedo manifestó que poner en valor lo que está bien no supone que se desconozcan deficiencias en los servicios aunque a veces “no se puede llegar a lo optimo”. “No veo autocomplacencia en el presidente y los consejeros”, zanjó.

En un bloque de 24 enmiendas, tres aprobadas, la procuradora de Soria Ya, Vanessa García, rechazó que la ratio de médicos por habitante en la Comunidad esté entre las mejores y subrayó que el sistema de educación tiene buenos resultados, pero también margen de mejora.

Vanessa García expresó la preocupación por la supresión de servicios ya que vio “lagunas” en la norma presentada, pidió la colaboración de la Junta con las entidades locales para mantener los centros e infraestructura de los servicios esenciales en los núcleos rurales y defendió el trabajo de su grupo para mejorar la ley. “Espero que reconsideren su posición”, concluyó. “Estas enmiendas no son constructivas”, calificó la procuradora del PP.

Una estafa

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que defendió 20 enmiendas, manifestó que esta ley nace desde “la soberbia”, afirmó que no se dice en la exposición de motivos “lo que se quiere blindar” ni se habla de calidad y aseguró que esta norma es “un desprecio al mundo rural y urbano” a cuyos ciudadanos “se trata como tontos”.

“Si hay un centro abierto y una persona con una bata blanca ya se dice que se ha blindado el servicio, pero no se garantiza una cartera básica de servicios en las zonas básicas de salud”, advirtió Igea, que recalcó que “esta ley no garantiza nada. En su opinión, se pueden cerrar consultorios porque las Cortes pueden votar en contra y el Consejo de Gobierno “hacer lo que quiera”. “Es una estafa”, remató.

“La madre del cordero de la ley, la gran estafa de las estafas es el artículo 6, que solo garantiza los servicios en la provincia”, argumentó el procurador, que afirmó que “cero poder coercitivo” para quien toma las decisiones, que es el Consejo de Gobierno y no las Cortes. “Es una estafa que hoy se va a aprobar gracias a sus anteriores socios, que hoy van a consumar la estafa”, concluyó. La intervención de Igea se quedó sin réplica por parte del PP.