Los hoteleros de Castilla y León han alertado del "caos" que va a provocar el nuevo registro de viajeros que va a exigir el Ministerio del Interior a partir del mes de octubre. Una normativa que comenzará el día 1 y por la que los operadores turísticos españoles han mostrado su "inquietud" debido a que ven "imposible cumplir los requisitos exigidos por esta nueva normativa". 

Por este motivo, desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)- que representa a 51 asociaciones nacionales, provinciales, regionales y sectoriales- han solicitado una nueva reunión con el secretario de Estado o el ministro del Interior para "impedir su aplicación". 

Fue el 27 de octubre de 2021 cuando el sector turístico tuvo conocimiento a través del BOE, "con sorpresa y sin consulta previa", de la publicación del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones del registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. 

La normativa impone nuevos requisitos para el registro de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos, así como la transmisión de estos datos por una plataforma diseñada por el Ministerio del Interior. En este sentido, los operadores turísticos aseguran que esta es "muy ineficiente, haciendo imposible la recogida y transmisión de estos datos". Motivo por el que ya hubo varias propuestas que derivaron en la prorrogación de su entrada en vigor. 

Ahora, desde Cehat añaden que es "incomprensible el empecinamiento del ministro Grande-Marlaska" ya que va a provocar "un caos y a generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros" que, a su juicio, son "incumplibles e ilegales" y que van a provocar una "pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables". 

El Real Decreto 933/2021 amplía las obligaciones de las empresas a recoger datos que no se limitan a los que aparecen en documentos oficiales -como DNI y pasaporte- tales como métodos de pago, del contrato, domicilio actualizado, transacción económica, teléfono móvil o correo electrónico. Para los hoteleros, aseguran, es "imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos" lo que va a derivar en un "caos organizativo en las recepciones". 

En este sentido, piden na reunión con el secretario del Estado o el ministro del Interior dado el "gran malestar del colectivo" y afirman que ya han puesto en marcha sus servicios jurídicos para "impedir su aplicación".