La Junta de Castilla y León recibió, en 2023, un total de 202 reclamaciones por falta de transparencia. Un dato que se desprende de la memoria anual del pasado año que el Comisionado de Transparencia de la Comunidad ha registrado en las Cortes y que se presentará ante la Comisión de Relaciones del Procurador del Común en fecha por determinar en el mes de septiembre.

Tras ocho años de funcionamiento, la Comisión de Transparencia este pasado ejercicio un total de 517 reclamaciones, de las que 271 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a las entidades locales, un 52,52%. De ellas, 219 corresponden a ayuntamientos, 34 a entidades locales menores y 18 a diputaciones provinciales.

Destaca que el 64 de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos de las mismas. Hasta 50 de ellas fueron presentadas por concejales de consistorios y 14 por vocales de juntas vecinales. Por otro lado, como ya se ha mencionado, 202 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General Autonómica.

El 75% de las reclamaciones presentadas por ciudadanos sin cargo local, la causa fue la ausencia de respuesta a las peticiones de información ante las propias administraciones, aumentando este porcentaje al 88% en el caso de las interpuestas por cargos representativos. De esta forma, más de 8 de cada 10 de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa.

Respecto a las reclamaciones presentadas por denegaciones expresas de la información solicitada a las administraciones, los motivos expuestos por estas, frecuentemente, para no proporcionarla han sido la falta de disposición de la información solicitada por el órgano destinatario de la solicitud, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales.

Seis materias han sido las que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia: empleo público, la protección del medio ambiente, la información sobre contratación, el urbanismo, la vivienda y las obras públicas.

Es reseñable que más del 60 % de las reclamaciones fueron presentadas a través de la sede electrónica de la Comisión y casi un 11% han sido remitidas por correo electrónico; esto ha sucedido en un año en el que se han incluido cambios en la página web con la finalidad de hacerla más accesible para todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad.