Apagón de cobre. Así es como se ha definido el paso de la línea de cobre a la de fibra óptica para las conexiones a Internet y de telefonía. Algo que es fácil de decir, pero complicado de hacer en muchas zonas rurales.

La situación de cerca de medio millar de municipios del medio rural de Castilla y León que se verán privados durante este año de la red de cable de cobre que les viene facilitando el servicio de telefonía fija e internet mediante conexión ADSL es preocupante, de ahí que el Procurador del Común haya decidido actuar de oficio, “por la amenaza que puede suponer la situación para algunas zonas” y hacer una serie de sugerencias a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, aunque también recuerda que no es una competencia suya, ya que pertenece al Gobierno central, pero sí puede hacer “algunas acciones” para su desarrollo. Un departamento del que ahora está al frente Sanz Merino tras la recomposición del Gobierno regional por la salida de Vox.

Las líneas de cobre sobre las que se han asentado las telecomunicaciones durante décadas, y que aún las sostienen en muchas localidades, dejarán de funcionar en los próximos meses y, en ocasiones, podrían hacerlo antes de que haya concluido su total sustitución mediante la instalación de fibra óptica con la consiguiente pérdida del servicio para sus habitantes.

Los datos ofrecidos por la CNMC y el Instituto Nacional de Estadística han puesto de manifiesto que en Zamora hay 146 poblaciones concernidas por el cambio en la tecnología de comunicaciones; 104 en León; 96 en Palencia; 78 en Valladolid; 75 en Ávila y 1 en Salamanca. En cuanto a las viviendas afectadas por lo que se ha denominado el “apagón” del cobre, se calcula que son alrededor de 5.000 hogares en León y otros tantos en Valladolid; 4.000 en Zamora; 3.000 en Palencia; 2.000 en Ávila y unos 200 en el único municipio afectado de la provincia de Salamanca, en concreto La Vellés.

De los 2.248 municipios de la Comunidad, 35 tienen acceso a más de una red de operadores para contratar fibra, municipios que son los que la CNMC engloba en las zonas competitivas, definidas como aquellas en las que hay, al menos, un mínimo de tres operadores que ya han desplegado un 20% de fibra que llega hasta los hogares castellanoleoneses. Para el Procurador, “los datos que presenta Castilla y León son mejorables”. Los hogares y las empresas conectadas a la fibra óptica en Castilla y León llegan a un 83,3%, a nueve puntos por debajo de la media nacional. Un 17 por ciento de la población de Castilla y León aún no tiene cobertura de fibra y el porcentaje se eleva al veinte por ciento en el caso de la tecnología 5G. Estas cifras colocan a la Comunidad en uno de los últimos lugares en el conjunto del país.

Aunque la transición de un sistema a otro de telecomunicaciones está previsto que se realice cuando la fibra óptica ya esté implantada en cada zona afectada, las pasadas Navidades tres municipios de la provincia de Zamora vieron como el cable de cobre quedó fuera de servicio días antes de que se completara la instalación de la red de fibra óptica.

Así, el organismo que preside Tomás Quintana ha realizado un informe donde concluye la inexistencia de “irregularidades” en la actuación de la Administración Autonómica en esta materia, así como conocer el compromiso de la Consejería con la extensión de la cobertura de fibra, 4G o 5G en la Comunidad. No obstante, “la trascendencia de la problemática descrita”, vinculada al estado en que se encuentra el proceso de sustitución de la tecnología ADSL en Castilla y León en este momento, lleva al PC a hacer a la Consejería una serie de consideraciones en la medida en que con ellas “pretendemos colaborar, en la medida de lo posible, a su solución”.

Sin competencias, pero con posibilidades

En primer término, deja claro que la Junta de Castilla y León carece de competencias sobre el procedimiento del cierre de la red de cobre de Telefónica, dado que ello forma parte de las actuaciones que corresponden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y señala que la Junta de Castilla y León está apoyando, con diferentes actuaciones, la extensión adicional del servicio de acceso a Internet de banda ancha en las zonas rurales menos rentables para los operadores, actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León. Y aunque refleja que se trata de una competencia nacional, entiende que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, “aún debe implicarse en la mayor medida posible para resolver esta problemática y, consecuentemente, poner todos los medios a su alcance para agilizar la extensión de la fibra óptica a todo el territorio de Castilla y León”.

Para ello pide que la primera acción pasa por dotar de los medios que requiera la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización en Castilla y León constituida como foro de colaboración para impulsar los servicios digitales en todo el territorio de la Comunidad buscando la coordinación de la Junta con otras administraciones, entidades, empresas y asociaciones del sector. Hay que recordar que el pasado mes de junio, todavía con María González Corral como consejera de esta área, Castilla y León puso en marcha la Mesa de las Telecomunicaciones con la demanda de mejorar la cobertura de internet a través de redes fijas de fibra óptica y móvil (5G). González Corral señaló ese día que los integrantes de este órgano van a analizar cuál es el grado de cobertura en Castilla y León y demandó al Ejecutivo que cumpla con los objetivos marcados, tras publicarse los últimos datos oficiales de cobertura de redes de internet.

Como segunda, el PC destaca la importancia de la simplificación de los trámites administrativos necesarios para la instalación de fibra óptica, reduciendo la burocracia, esto es, “agilizando y flexibilizando los procesos de autorización, permisos y licencias, como vías para facilitar la culminación de este proceso”.

Asimismo, se pone sobre la mesa una seria de recomendaciones. Como por ejemplo, que se trabajar estrechamente con los operadores de telecomunicaciones “para coordinar el apagón del cobre” y pide lo mismo con entidades locales. También que se valore la posibilidad de instalar sistemas de monitorización para evaluar el progreso del despliegue de la fibra y los impactos del apagón del cobre mientras se culmina el proceso. Así como que se evalúe la creación de canales de comunicación con los ciudadanos para que puedan reportar problemas e incidencias y recibir soporte técnico durante todo el proceso.