El Consejo Consultivo de Castilla y León daba la razón a la Junta en su intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada en el Parlamento Nacional. De este modo, los letrados se ocuparán de presentar el recurso de inconstitucionalidad. Un plazo de tres meses que, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, afirma que no quieren "agotar".
Este se cumple a mitad de septiembre, pero se producirá antes con la intención de "no agotar el plazo". Un informe que "ha sido favorable para Castilla y León" ya que estima que "la Ley de Amnistía rompe con los principios de igualdad del conjunto de los españoles". Un recurso que harán con tiempo para "dar espacio a que los servicios jurídicos de la Junta tengan tiempo".
Por otro lado, para presentar un recurso ante el acuerdo de una financiación singular para Cataluña, que ha facilitado la investidura de Salvador Illa, recuerda que "hace falta que se formalice" mediante un acto jurídico o de carácter administrativo, que a día de hoy "no se ha producido". Y es que para poder llevarlo a efecto ante esta financiación "insolidaria y que rompe la igualdad de los españoles" comenzará en el momento en el que haya un elemento administrativo o jurídico para que pueda presentarse en forma de "impugnación o recurso judicial" ante los tribunales de justicia.
En este sentido, sí que muestran su voluntad de llevarlo a efecto, pero aún no pueden. Asimismo, ha criticado que las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, garantizando que "cumplirán al 100% el acuerdo de investidura en una comunidad autónoma -Cataluña- que va a influir en las decisiones del Gobierno de España" no significa más que "hay una ruptura muy clara de este principio de igualdad y solidaridad que tendría que ser básico".
Una situación a la que, añade, se une una "falta de transparencia" porque es "evidente que hay acuerdo" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha hablado sobre un Estado federal, otros un paso hacia la independencia de Cataluña". Y aprovechaba para recordar las palabras de Felipe González o Josep Borrell, quien fue secretario de Estado de Hacienda, que ha manifestado que "esto rompe el principio de igualdad y solidaridad entre españoles y trae como consecuencia el llevar la hoja de ruta independentista que llevaban los partidos separatistas".
Quienes, apostilla, "no lo han conseguido por la vía del golpe de Estado, pero lo están consiguiendo por la cesión del presidente del Gobierno a esa cesión de partidos separatistas".
Finalmente, rechazó entrar en un debate de sí es concierto o no, como afirmó ayer Montero, para centrarse en que se trata de un pacto que el Gobierno se siente “obligado a cumplir”, cuando la financiación afecta a todas las comunidades y se debe acordar de manera multilateral.