El 88,4% de los ayuntamientos de Castilla y León cumple con la obligación legal de rendir las cuentas generales, aunque el 22% lo ha hecho fuera del plazo legalmente establecido en la Comunidad, según ha destacado este lunes el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en las Cortes de Castilla y León durante la presentación del Informe Anual de las Cuentas del Sector Público local, que fue aprobado por el Pleno de la institución el pasado 23 de julio en Zamora.

No obstante, la comparación por comunidades autónomas de los niveles de rendición en plazo de los ayuntamientos pone de manifiesto que Castilla y León, pese a tener casi el 30 por ciento de los ayuntamientos del país, presenta valores superiores a la media nacional, el 60,1 por ciento, con un diferencial de 6,3 puntos porcentuales favorables a esta Comunidad, el más alto registrado en los últimos cuatro años.

Durante la presentación del informe, Amilivia reiteró que “la rendición de cuentas, como deber democrático y obligación legal, garantiza la transparencia que permite a los ciudadanos conocer el uso de los fondos públicos por parte de sus representantes locales y la situación económica de sus municipios”. Permitiendo, asimismo, con el control externo ejercido, la observación parlamentaria y una mejor gestión de las entidades locales.

El informe pone de relieve que 2.484 entidades locales rindieron la cuenta general en plazo, un 52,4 por ciento, con un descenso de 5,8 puntos porcentuales respecto a 2021. Por tipo de entidad, los ayuntamientos presentaron el mejor nivel de rendición en plazo, el 66,4 por ciento, si bien se registró una disminución interanual de 3,1 puntos. Solo aumentó la rendición en Burgos, 1,3 puntos más, registrando un 63,1 por ciento. A continuación, las diputaciones, pasando de 6 a 5 las que rindieron en plazo. Las entidades locales menores registraron un 39 por ciento en su nivel de rendición, disminuyendo 8,6 puntos.

A fecha actual, han cumplido todas las diputaciones, el 88,4 por ciento de los ayuntamientos y el 75 por ciento de las entidades locales menores, si bien el Consejo Comarcal de El Bierzo continúa sin rendir. El porcentaje actual de rendición de los ayuntamientos presenta una horquilla provincial que oscila entre el 92,7 por ciento de Zamora y el 83,6 por ciento de Soria.

Entre las entidades locales se produce un incumplimiento elevado del plazo de aprobación del presupuesto de 2022, con 1.546 (el 62,2 por ciento de las que rindieron cuentas) que lo hicieron después del plazo legal (31 de diciembre de 2021). Este incumplimiento también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, pero en menor medida, ya que en este caso son 429 las entidades que rebasan el plazo, el 17,2 por ciento de las que rindieron la cuenta general. Con respecto al ejercicio anterior, mejoraron tanto el cumplimiento de los plazos en la aprobación del presupuesto (6 puntos más), como en la fase de liquidación (4,4 puntos).

El Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos en 2017. Así, propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; reforzar los medios de las intervenciones locales; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración; o llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones a la efectiva rendición de cuentas.

En relación con esta última propuesta, Amilivia incidió en la novedad introducida en 2021 por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo, constituyó un avance muy relevante en relación al cumplimiento de esta reivindicación histórica. En este sentido, planteó que esta condicionalidad se haga extensiva a todas las convocatorias de ayudas publicas y elevarse su rango normativo.

Al mismo tiempo, el Consejo de Cuentas insta a adoptar medidas legales para que se establezca como fecha límite para la rendición la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran. Además, se reclama que las entidades deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa sobre el ciclo presupuestario y contable, con especial atención a la aprobación de los presupuestos.

Los grupos apoyan establecer por ley medidas coercitivas para las entidas locales que no rindan cuentas

Todos los grupos parlamentarios de la Cortes de Castilla y León mostraron hoy su apoyo a la recomendación del presidente Consejo de Cuentas, Mario Amilivia de establecer por ley medidas coercitivas para la entidades locales que no rindan cuentas.

Amilivia, que esta mañana compareció en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar el Informe Anual de las Cuentas del Sector Público Local, planteó que la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local de 2021 que, por primera vez estableció como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas, se haga extensiva a todas convocatorias de ayudas públicas.

Además, en su intervención también destacó que las diputaciones deben jugar un papel esencial para mejorar el nivel de rendimiento de cuentas y, además de convertirse en un ejemplo a seguir por los ayuntamientos, también deben de reforzar sus servicios de apoyo a los municipios y cumplir con su obligación legal de asesoramiento.

Desde el Grupo Popular, la procuradora Rosa María Esteban se mostró partidaria de estas medidas coercitivas, pero recordó que los incumplimientos de algunos ayuntamientos están provocados por la falta de medios, por lo que además de reclamar medidas para acabar con esta situación, también planteó la necesidad de ofrecer formación al personal municipal, incluidos alcaldes y concejales.

Esteban reconoció que el cumplimiento de la ley es una obligación de todas las entidades y recalcó que es necesario mejorar los niveles de rendición de cuentas.

Por su parte, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Economía y Hacienda, Pedro Luis González Reglero, argumentó que comunidades como Galicia, Aragón, Valencia y Cataluña, que ya  tienen establecidas por ley medidas coercitivas para las entidades incumplidoras, son las que presentan unos niveles más altos de rendición de cuentas.

A su vez, también reclamó a la Junta que deje de hacer caso omiso de forma sistemática a las recomendaciones del Consejo de Cuentas, reclamó una mayor implicación de las diputaciones y consideró inasumible el elevado número de ayuntamientos que llevan más de diez ejercicios sin rendir cuentas.

Mientras tanto, desde Vox, Javier Bernardo, también reclamó medidas de apoyo para los pequeños municipios, pero consideró fundamental tomar medidas que exigir el cumplimiento de la ley y el uso correcto del dinero público, dado que la rendición de cuentas es el mejor ejercicio de transparencia de las administraciones y un termómetro de la calidad democrática.

Por último, desde Soria Ya, José Ramón García aseguró que son inaceptables los niveles de rendición de cuentas en el conjunto de entidades locales de Castilla y León, en especial de las entidades menores, “que hacen lo que quieren”. A su vez, recalcó su apoyo a las medidas coercitivas y a la necesidad de prestar apoyo a las entidades más pequeñas con el objetivo de alcanzar una “transparencia total”.