Cuando el 10 de marzo de 2022 Vox prestaba sus votos a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco quedaba patente a la luz de los taquígrafos a cambio de qué: una nutrida lista de preceptos ideológicos y proyectos de ley a la que los populares tuvieron que decir 'sí' a cambio de gobernar Castilla y León con el único apoyo que le era viable, el del partido de Santiago Abascal.

Entre aquellos compromisos, hubo uno que se demoró en el tiempo: la denominada Ley de Concordia, que pretendía reescribir la Historia y reconocer no solo a las víctimas del Franquismo, sino a las de la Guerra Civil en toda su extensión, lo que le ha valido la oposición frontal de todo el colectivo de historiadores nacionales y extranjeros.

Una pretensión que ha sido aborrecida desde el primer minuto por la izquierda, y que ponía en un brete al Partido Popular de Castilla y León, ya que acarrearía la derogación de la Ley de Memoria Histórica en esta comunidad, contraviniendo la legislación estatal.

Este camino ya lo transitó la comunidad de Aragón, donde el Tribunal Constitucional intervino, suspendiendo cautelarmente la derogación de la Ley de Memoria Histórica. El desenlace sería previsible para Castilla y León.

Lo cierto es que por este o por otros motivos el Partido Popular nunca ha tenido prisa por llevar a las Cortes la Ley de Concordia de Castilla y León, ante la irritación de Vox, que veía caer las páginas del calendario sin avances en una de sus metas.

Tras la ruptura del pacto de Gobierno, nada obliga a Mañueco a cumplir con lo rubricado en aquel documento, incluida la Ley de Concordia. Aunque el PP no se atreve a decirlo abiertamente, y argumenta que preferiría que la ley fuera avalada por el Consejo Consultivo.

La excusa argumental para dejar caer el miércoles la toma en consideración de la norma, después de que la inédita coincidencia de votos de Vox, PSOE y toda la oposición haya logrado elevar al parlamento regional la proposicion de ley para su debate.

Aunque está por ver si el PP votará en contra, como ha dejado entrever, o simplemente se abstendrá, para marcar diferencia de voto con el PSOE.

El PSOE quiere que el PP se retrate en público, y de ahí la contradicción de llevar a las Cortes una ley que demoniza, al igual que Podemos.

Será debatida este miércoles, aunque todos, a excepción de Vox, votarán en contra, dando por finiquitada una ley que el PP nunca tuvo interés en aprobar. Acaba así un complejo recorrido de más de dos años de duración que previsiblemente terminará en su desestimación.

Es la crónica de una muerte anunciada, y esta es su cronología:

• 26 de marzo: Raúl de la Hoz (PP) y Carlos Menéndez (Vox) registran la proposición, cuyo objetivo es “honrar y proteger” a todas las víctimas del periodo entre 1931 y 1978.

• 4 de abril: La Mesa de las Cortes admite a trámite la proposición y la remite a la Junta para que dé su opinión sobre su toma en consideración.

• 3 de mayo: Un informe de tres relatores de la ONU pone en duda la legalidad de esta y otras leyes similares en otras comunidades autónomas, sugiriendo que no respetan los derechos humanos ni la memoria histórica. El PP defiende el contenido de la ley, mientras que el PSOE solicita su retirada.

• 21 de mayo: Durante una sesión en las Cortes, el presidente Fernández Mañueco defiende la ley, criticando la postura de la ONU y sugiriendo que es una maniobra política del gobierno de Pedro Sánchez.

Con la proximidad de las elecciones europeas, el PP ralentizó el avance de la ley, y Vox asume que no se debatirá hasta después del verano.

• 11 de julio: Mientras en Valencia se aprueba una ley similar con los votos de PP y Vox, ese mismo día Vox anuncia la ruptura de sus gobiernos de coalición con el PP, incluido el de Castilla y León.

• 1 de septiembre: Al inicio del nuevo periodo de sesiones, Vox, con Juan García-Gallardo como portavoz, coloca la ley de concordia entre sus prioridades, pero el PP muestra resistencia a debatirla.

• 19 de septiembre: En la Mesa y Junta de Portavoces, el PP condiciona el debate de la ley a la obtención de un informe del Consejo Consultivo, mientras que los demás grupos solicitan que se incluya en el orden del día.

• 25 de septiembre: El pleno debatirá la toma en consideración de la ley, pero con la negativa del PP, PSOE y Mixto, se espera que la propuesta sea desestimada.