El Comisionado de Transparencia y Procurador del Común, Tomás Quintana, ha dado cuenta sobre la transparencia en Castilla y León. En concreto, han analizado el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a información pública.
En cuanto a las administraciones locales, ha asegurado que hay "dos realidades muy diferentes" en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de publicar información.
Una, en relación con las diputaciones provinciales, capitales de provincia y el resto de los que cuentan con una población importante. Estos "cumplen con las exigencias impuestas por la normativa aplicable".
Por otro lado, hay otra realidad que corresponde con la mayoría de las entidades locales de la Comunidad, es decir, con menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores.
En estos casos, aseguran que el cumplimiento de las obligaciones legales de publicar información es "muy limitado" debido a "la escasez, cuando no carencia total, de medios que puedan ser destinados a ellos".
Del mismo modo, ha avanzado que durante el 2023 se han presentado ante la Comisión de Transparencia un total de 517 reclamaciones en materia de derecho a la información. Y, en lo que va de 2024, ya ha habido 435 por lo que considera probable que "se incremente el número de reclamaciones".
En este caso, más del 75% de las reclamaciones se presentan "frente a la ausencia de respuesta expresa o silencio frente a la petición de información realizada ante la Administración por algún ciudadano".
Un porcentaje que se eleva al 88% en el caso de reclamaciones presentadas por los cargos locales ante la Entidad en la que ejercen sus funciones de representación.
En cuanto a las materias, las que han tenido un mayor número de solicitudes son empleo público, medio ambiente, contratación, urbanismo y vivienda y obras públicas.
De las 517 recibidas este año; 64 fueron presentadas por cargos representativos locales, 50 por concejales y 14 por vocales de juntas vecinales.