Los agentes medioambientales de Castilla y León sufren una política de "hostigamiento y estrangulamiento" por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que ha suprimido 1.300 guardias y ha rechazado una proposición de ley para la mejora de sus condiciones, según ha denunciado la CSIF en un comunicado.

En esta línea, ha denunciado que mientras tanto la Junta "invierte millones de euros" en empresas privadas para la atención de un "servicio público como es la defensa de la naturaleza". Todo ello al mismo tiempo que "debilita y dinamita" su propio cuerpo de profesionales.

Para el sindicato la situación "debe pararse ya" y ha calificado la misma como "indecente". Con "cinco meses de retraso", el 25 de septiembre se publicó la orden que marca las guardias de incendios forestales, encontrando la "desagradable sorpresa" de la eliminación de más de 1.300 guardias de agentes y 430 de conductores.

Una medida que consideran un "golpe" directo a los agentes medioambientales, pero también a los "ciudadanos", ya que se priva "deliberadamente" a las zonas rurales del servicio 24 horas para acudir a un incendio forestal. 

Desde CSIF han explicado que "no hay que olvidar" que en más del 90% de los incendios forestales que se producen, los agentes medioambientales son "los jefes de extinción".

Denuncias a las que suman la no aplicación de la compensación económica de la guardia, que debía subir un 2%, tal y como marca "el porcentaje de subida salarial fijado para los trabajadores públicos en 2023".

La organización ha puesto de manifiesto que todo esto provoca a los agentes medioambientales una "pérdida económica" de alrededor de 260 euros anuales. Un contexto que achacan a un "castigo" por las protestas desarrolladas este verano para lograr una mejora salarial de 124 euros.

De igual manera, han lamentado el rechazo de PP y Vox a tramitar una proposición de ley del PSOE en el pasado pleno para la mejora en la estructura del cuerpo de agentes medioambientales y sus condiciones de trabajo. A su juicio, la negativa es "totalmente absurda e incomprensible cuando el PP apoya un modelo similar en otras" regiones.

Han acusado a la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, de incumplir "sistemáticamente" con sus "obligaciones", como pueden ser la actualización del decreto que estable el operativo de lucha contra incendios forestales y del Infocal, o bien la "obligación" de contar con medios para acudir a emergencias.