En Castilla y León casi uno de cada cuatro niños y niñas se encuentra en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social, esto supone 85.400 menores, unos datos que sitúan a la Comunidad por debajo de la media española en 8,9 puntos, según Unicef.
Ante esta terrible situación de pobreza infantil Unicef España ha querido recordar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, tanto a nivel nacional, autonómico como local, deben poner a la infancia en el centro.
“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, aseguraba José María Vera, director ejecutivo de Unicef España.
“El riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28 por ciento al 29 por ciento respecto al año anterior”.
Mientras, el resto de población se mantiene estable o disminuye, “y también sigue aumentando la privación material infantil, del 10 al 12 por ciento. Esto hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.
De esta manera, España se posiciona como el país que tiene menos capacidad para erradicar o reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea (UE).
Tan solo el 17 por ciento, frente a la media del 41 por ciento de toda la UE o más del 50 por ciento que cuentan en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.
También, España invierte solo un 1,5 por ciento del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4 por ciento del PIB de la media europea.
Es decir, 354 euros de gasto por habitante en España, frente a 678 euros en la UE.
Por ello Unicef España ha pedido hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este 17 de octubre, una prestación universal para la crianza.
Esta sería en forma de deducción fiscal reembolsable en los PGE 2025, y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.
“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, explicaba Vera.
“Según los análisis de Unicef España y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales”.
Los presupuestos 2025 van a suponer una “excelente oportunidad” para mejorar la inversión en infancia en general y la protección social de la infancia en particular, para reducir la pobreza infantil y generar mayores beneficios sociales y económicos para toda la sociedad.
Situación en Castilla y León
Unicef España se ha encargado de hacer un análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes en cada comunidad autónoma, y para ello se ha basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023.
En el caso de la Comunidad, 1 de cada 4 niños y niñas (el 25,6 por ciento, unas 85.400 personas) se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE).
También, un 8,6 por ciento de las personas menores de edad en (unas 28.600 personas) vive en hogares en situación de carencia material y social severa.
Es decir, casi 3 de cada diez hogares (29,8 por ciento) en Castilla y León no tienen esa capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.
El 13 por ciento no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, el 12,5 por ciento ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o compras a plazos.
Y, finalmente, el 3,1por ciento no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o la equivalente para personas vegetarianas) al menos cada dos días.
Recomendaciones
Desde Unicef Comité Castilla y León ha propuesto que se conozca en profundidad la situación de los niños y las niñas a partir de estudios, mapeos y análisis de las zonas más desfavorecidas.
También, se debe dotar a la Comunidad de un mecanismo de coordinación, que mantenga una visión conjunta de las políticas de infancia.
La infancia tiene que tomarse como una prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas públicas.
Para así, alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinado a ello, garantizando que sea suficiente y adecuada.
Cabe destacar, que se debe proteger especialmente a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, las encabezadas por mujeres.
Para lo que hay que fortalecer las medidas de protección social para lograr que se mantenga el empleo e ingresos de las familias con hijos.
Otra medida sería el garantizarles el acceso a servicios esenciales para la infancia vulnerables.
Además del acceso y el mantenimiento de una vivienda en las condiciones de habitabilidad óptimas, erradicado “de una vez por todas de la infravivienda y el chabolismo”.
Y, también, poder garantizarles el acceso a las administraciones públicas en formatos analógicos y presenciales especialmente a los hogares más vulnerables, evitando la brecha digital.